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desarrollo humano

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Gobernabilidad para el desarrollo humano

La ausencia de violencia, la efectividad de las instituciones y el Estado de derecho son condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer su libertad y alcanzar su propia idea de una buena vida.

Arturo Matute
junio 21, 2017

Guatemala cumplió solamente con 44 por ciento del total de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que estuvieron vigentes entre 2000 y 2015. Los ODM midieron avances de los países en temas tan importantes como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, y la promoción de la igualdad de género, pero dejaron de lado dimensiones fundamentales para el desarrollo como la paz y la seguridad humana. Fomentar la gobernabilidad democrática, reducir la violencia y combatir la corrupción son elementos clave para evitar un nuevo fracaso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La discusión que antecedió a la enunciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –aprobados por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015 – se nutrió de procesos previos como la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, de la cual Guatemala formó parte integral. La nueva agenda incorpora el Objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.  El ODS 16 es transversal para el logro de los demás objetivos en materia social, económica y ambiental dado que la ausencia de violencia, la efectividad de las instituciones y el Estado de derecho son condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer su libertad y alcanzar su propia idea de una buena vida.

El vínculo entre justicia, seguridad y desarrollo se fundamenta en la protección de los bienes más preciados como lo son la vida, la integridad física y el patrimonio individual y colectivo, pero tiene implicaciones adicionales de mucha importancia. Contar con bajos niveles de violencia en la sociedad evita costos en servicios de seguridad pública y privada que pueden dirigirse a inversión social, disminuye gastos en servicios de salud de emergencia que pueden destinarse a la prevención de enfermedades, aumenta los años de vida productiva de la población e incrementa la asistencia escolar. La vigencia del Estado de derecho contribuye a generar un ambiente propicio para las inversiones y la actividad económica en general.

Aunque algunos de los indicadores definitivos están aún siendo discutidos, el ODS 16 plantea entre sus metas medir el avance de los países en ámbitos poco considerados en agendas de desarrollo como el combate a la criminalidad organizada, la reducción de la corrupción, la garantía del acceso a la información, y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A pesar que continúa siendo uno de los países más violentos del mundo, gobernado a través de instituciones débiles que son vulnerables a la influencia de intereses privados y a veces criminales, Guatemala ha experimentado avances importantes en los últimos años en materia de seguridad y justicia que son dignos de destacar y que deben ser potenciados para lograr un buen desempeño en la Agenda 2030.

Una mejor articulación entre las instituciones del sistema de justicia, el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal, y la instauración de sistemas estratégicos de persecución penal han permitido disminuir los niveles de impunidad. Ello, aunado a medidas de prevención situacional, mejoras en el control de armas de fuego y en la atención a emergencias médicas ha contribuido a disminuir de manera significativa los niveles de violencia en el país en los últimos años. Del pico de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009 se ha bajado a 27 en 2016.

Sin embargo esta violencia se distribuye de manera desigual. La tasa de homicidios en los departamentos donde la mayor parte de los habitantes se auto-definen como no indígenas es significativamente superior a la de los departamentos donde la mayoría de la población se auto-define como indígena.

Esto llama la atención hacia la necesidad de conocer en mayor detalle los fenómenos de violencia en el país tomando en cuenta las especificidades del contexto social y cultural para poder responder de manera adecuada a las problemáticas.

El énfasis en los últimos años en Guatemala en temas de seguridad y justicia ha estado puesto en investigar y perseguir la criminalidad, comprensible dada la exigencia de la población de respuestas visibles. Pero se debe también atender las causas sociales de la violencia e invertir significativamente en su prevención. Hay actualmente iniciativas importantes como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia próxima a ser presentada por el Ministerio de Gobernación y el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. Estas actividades deben acompañarse de esfuerzos sistemáticos de monitoreo, análisis y generación de propuestas.

Desde la perspectiva estatal es un buen inicio el establecimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional en Seguridad y Justica que vincula distintas instancias oficiales para la generación de información. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a seguridad y justicia procuran articularse en la Mesa de Análisis Especializada. Estos esfuerzos pueden beneficiarse de enmarcar su trabajo dentro del proceso internacional de monitoreo al cumplimiento del ODS 16.

La Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas presenta oportunidades a los Estados y organizaciones para vincularse a nivel global y fortalecer sus capacidades técnicas. Un reciente taller co-facilitado por el PNUD permitió el intercambio inicial de experiencias de entidades de la región en medición de indicadores relacionados al ODS 16 y estableció las bases para una red temática en la región. Esta es una oportunidad que debe ser aprovechada por el gobierno y la sociedad guatemalteca y contribuir a que los procesos de fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática incidan sobre el desarrollo humano.

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EL BLOG DE DESARROLLO HUMANO es una plataforma de debate y discusión. La Oficina del INDH publica reflexiones que apoyan un diálogo constructivo sobre las opciones políticas  que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás. El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

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Paradojas de la ciudadanía laboral en tiempos de paz

El debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia

Leslie Lemus
junio 6, 2017

El mercado laboral ha sido por excelencia un mecanismo de inclusión social y redistribución de la riqueza. Además del salario, a través de este ámbito ha sido posible acceder a una gama de derechos –contratos, prestaciones, seguridad social, seguridad en el puesto trabajo, organización sindical-. Ciertamente en la historia de Guatemala esta forma de ciudadanización ha tenido alcances limitados pues la mayor parte de la fuerza de trabajo ha quedado excluida de la institucionalidad que la garantiza.

Más grave es el hecho de que en las últimas décadas la ciudadanía laboral ha enfrentado una paradoja. Por un lado, a partir de la transición a la democracia y la firma de la paz, en el país fueron restituidos una serie de derechos políticos -incluyendo el de libre sindicalización-. Por otra parte, estos procesos fueron acompañados por una serie de reformas económicas y estatales que se tradujeron en el deterioro de condiciones laborales. Por ejemplo, al contrastar datos del año 2002 y 2016 se percibe el incremento de la proporción de Población Económicamente Activa Ocupada y Asalariada en situación de desventaja y experimentando el incumplimiento de sus derechos laborales.

Es decir, en casi tres lustros los espacios que otrora permitieron la inclusión se han reducido y en consecuencia el acceso a la ciudadanía laboral se ha restringido aún más que en el pasado, cuestión que refuerza las estructuras históricas de desigualdad.

Este escenario se produce a partir de un conjunto de factores y la intervención de múltiples actores que han generado un contexto desfavorable. En ese marco encontramos una institucionalidad de protección laboral debilitada por prácticas clientelares y de corrupción que impide al Estado asumir el rol tutelar de los derechos de los(as) trabajadores(as) -inspectorías laborales inoperantes, evasión en el pago de contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por ejemplo-.

Asimismo, las actividades económicas que han sido impulsadas con mayor entusiasmo han conllevado flexibilización productiva y laboral de facto. En muchos casos estas se han amparado bajo regímenes de excepción que les han otorgado exoneraciones fiscales y la omisión en la observancia del cumplimiento de la legislación laboral vigente -Código de Trabajo-.

Otro factor relevante en la construcción de este escenario es el deterioro del sindicalismo como expresión colectiva de la voz de los(as) trabajadores(as). Este tipo de organizaciones experimentan su desarticulación, así como los efectos y continuidad de la violencia política en su contra . Ciertamente, en muchos casos, las prácticas y dirigencias vigentes carecen de legitimidad, cuestión que se traduce en el desprestigio de esta actividad organizativa. Todas estas cuestiones se patentan en la poca participación social, de tal cuenta que la tasa de sindicalización en Guatemala es menor al 3% entre la población asalariada -una de las más bajas del continente-.

Sumado a los elementos antes citados, es también necesario considerar ciertas características de la población trabajadora que les colocan en posición de desventaja para negociar sus condiciones laborales. Así, los nulos o mínimos niveles de escolaridad alcanzados por la mayoría, condicionan el tipo de empleos a los que pueden acceder, viéndose confinados a insertarse en actividades de subsistencia y baja productividad. Los obstáculos en el acceso a la educación y formación también limitan el conocimiento que las personas tienen de sus derechos.

En conclusión, el debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia, en tanto afecta de manera directa las condiciones de vida y subordina a amplios sectores de la población, impidiendo con ello su plena inclusión y participación.

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La acción colectiva de las mujeres en las luchas sociales

“Nos agarramos nuestras manos para buscar la justicia. Rompimos el silencio y así empezamos un largo camino. No queremos que se repita lo que vivimos ni que nuestra lucha se olvide. Esta lucha aún no ha terminado”.

Ana Lucía Ramazzini
mayo 29, 2017

Estas son las palabras de las Abuelas de Sepur Zarco al recordar la sentencia condenatoria en el año 2016 contra dos militares, frente a la violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual que vivieron durante el conflicto armado interno. Sus palabras reflejan una de las tantas acciones colectivas de las mujeres.

Como plantea el INDH 2015/2016, las profundas desigualdades siguen presentes en las raíces de nuestro país. Y en el caso de las mujeres, este informe lo evidencia claramente.  Por ejemplo:

  • Únicamente el 20% de las mujeres es considerada «jefe de hogar» y se asume como tal sólo cuando no hay hombre que reportar como jefe.
  • Las mujeres se emplean de manera más precaria debido a que sus ocupaciones usualmente son consideradas como «ayuda», y por lo mismo sus responsabilidades como «amas de casa» no disminuyen.
  • En 2011, las mujeres cónyuges trabajaban cuatro veces más que los hombres en las labores domésticas, sin importar si tenían otra ocupación remunerada.
  • Las mujeres jefas de hogar –regularmente solas– reportaban tres veces más horas de trabajo doméstico que los hombres jefes de hogar.
  • Cuatro de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas.

Estos datos muestran que en el ámbito privado, donde “naturalmente” se relega a las mujeres, sigue prevaleciendo la idea del hombre “jefe de familia”, aunque en realidad no esté presente, así como la asignación para las mujeres de tareas del hogar y cuidado poco reconocidas y no remuneradas; todo en un marco que no está libre de riesgos en términos de violencia.

En el caso del ámbito público, las mujeres siguen enfrentando restricciones para la participación social y política y el trabajo remunerado, como lo plantean estos datos:

  • El 90% de los jornaleros agrí­colas gana un salario mensual por debajo del salario mínimo establecido, siendo menor el salario devengado por las mujeres, a quienes tampoco se les reconoce el trabajo realizado en la preparación de alimentos y de cuidado de quienes constituyen la fuerza de tra­bajo de las plantaciones cañeras.[1]
  • Las compras de tie­rras a propietarias mujeres siempre han sido a precios menores que la compra realizada a propietarios hombres.[2]

Estas cuestiones no pueden ser comprendidas sin situar la reflexión desde las relaciones de poder que se han construido históricamente y que han conformado una estructura que se cimenta sobre la imbricación patriarcado-racismo-neoliberalismo-heteronormatividad.

Frente a este escenario, es de resaltar que las mujeres hemos jugado un rol activo, contrario a la pasividad que se nos asigna, traducido en acciones colectivas de lucha y resistencia, buscando la transformación de las condiciones de desigualdad, desde distintos espacios: en defensa de los territorios, en la exigencia de justicia y por la memoria histórica, en las demandas sobre la autonomía de nuestros cuerpos así como los derechos sexuales y reproductivos, e incluso en derechos básicos como la educación, salud o un empleo digno; en la interlocución con autoridades locales y nacionales para situar una agenda basada en los derechos y la ciudadanía, y en la reivindicación del derecho a una vida sin violencia.

Estas acciones colectivas, muchas veces son reprimidas y criminalizadas, como lo argumenta el INDH desde la mirada de quienes las conceptualizan como parte de la “conflictividad social”, queriendo posicionar en el imaginario la idea de hechos aislados vinculados a la “ingobernabilidad” para justificar reacciones violentas; e invisibililizando las protestas sociales que conforman un articulado de luchas históricas en medio de desigualdades, que han afectado particularmente a las mujeres y niñas mayas, xinkas, garífunas, afrodescendientes, mestizas y ladinas del área rural, empobrecidas. Por ejemplo, una de cada cuatro personas encuestadas se ha sentido discrimi­nada, siendo más frecuentemente reportado dentro la población indígena (29.2%) y las mujeres (27.7%).[3]

Como bien se menciona en el INDH 2015/2016, el ejercicio de la agencia colectiva de las mujeres puede generar réditos como el empoderamiento, la transgresión, las alianzas; pero también genera amenazas, rechazos, violencias, rupturas y en muchos casos, la muerte: Para el año 2014 el porcentaje de mujeres agredidas entre de­fensoras de derechos humanos era del 52%, en contraste con el periodo 2000-2014 cuan­do las víctimas mujeres alcanzaban el 30%.[4]

Es fundamental resaltar que esas acciones colectivas de las mujeres no operan en el vacío, se desarrollan en un contexto atravesado por poderes, que también se inscriben en los cuerpos de las mujeres; cuerpos como construcciones históricas y primeros territorios.  Por esa razón, la reacción frente a éstas, se marca agresivamente en sus cuerpos, como lo vivido por las mujeres de Sepur Zarco en 1982, así como el desalojo de 11 mujeres maya q’eqchi’ que fueron violadas, presuntamente por agentes de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (subsidiaria de HudBay)[5], en el año 2009.

Las mujeres, aún en condiciones de opresión y exclusión, se vienen organizando e impulsando acciones políticas para denunciar esa situación, plantear agendas, manifestarse y accionar desde muchos espacios y de diversas formas. Para muchas el gran reto es la construcción de una ruta sustantiva de la democracia,  que contenga en sí misma la vivencia de una ciudadanía plena para las mujeres. Esto implica la reconfiguración de poderes, sin lo cual el desarrollo humano es imposible.

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Fotografía: Mujeres trabajadoras en mercados protestan contra el alza de precios en la canasta básica de alimentos y el aumento de impuestos en la ciudad de Guatemala. Archivo INDH

[1] INDH 2015/2016, 200.

[2] INDH 2015/2016, 197.

[3] INDH 2015/2016, 170.

[4] INDH 2015/2016, 146

[5] INDH 2015/2016, 226.

 

 

Noticias

Desigualdad y pobreza: ejes de análisis en la quinta sesión de conferencias del CEUR

Reducir la desigualdad es fundamental para poner fin a la pobreza. Uno de los puntos destacados por Gustavo Arriola, Coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, durante su participación como conferencista en la quinta sesión del ciclo de conferencias 2017 organizada por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR- de la Universidad San Carlos de Guatemala –USAC-,  titulada “Desigualdad y Pobreza en Guatemala”.

El ciclo de conferencias CEUR-2017, tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión y análisis  de datos y metodologías que contribuyan a identificar  alternativas para la solución de las problemáticas que afectan a los sectores sociales menos favorecidos.  Estas conferencias están dirigidas a la comunidad universitaria, funcionarios públicos y sociedad civil en general.

La quinta sesión fue inaugurada por el Director del CEUR, José Florentín Martínez, quien hizo hincapié en el incremento de los niveles de pobreza y desigualdad en el país,  y en la falta de posibilidades para el desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes y profesionales. “En Guatemala, la juventud no encuentra oportunidades laborales decentes y dignas que le permitan el acceso a un empleo bien remunerado, cobertura del IGSS, contratos formales de trabajo.  La evidencia de esto es que el  trabajo informal  alcanza al 72% de la población empleada y  población no ocupada” expresó.

Las desigualdades se refuerzan con la pobreza que afecta más a las poblaciones en desventaja. Pero este no es un problema nacional sino global,  las desigualdades en el mundo se han incrementado, tanto verticalmente como entre grupos y países. Para 2015, la riqueza del 1% de la población era igual o mayor que la del restante 99%. Más de 700 millones de personas viven en pobreza extrema, y todavía 1 de cada 4 niños (162 millones) en el mundo sufren retraso en su crecimiento. La desigualdad de ingresos y de riqueza y el acceso desigual  a los recursos son elementos que impiden en gran medida el desarrollo humano de todas las personas. Por ello, añadió Arriola, “debemos lograr que se impulsen políticas universales que presten especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas y promover un crecimiento inclusivo centrado en el empleo digno, entre otras…”.

En algunos de los indicadores evaluados y presentados, las privaciones en las poblaciones rurales y en los pueblos indígenas alcanzan al 90% de la población, que no logra cubrir sus necesidades económicas básicas, incluyendo más del 40% de la población adulta sin escolaridad y condiciones habitacionales muy precarias. “En países con altas desigualdades como Guatemala (horizontales, verticales y temporales), el desarrollo humano solo será posible si se eliminan las barreras que limitan el progreso de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y minorías” concluyó Arriola.

Nelson Santacruz y Hugo Rivas del Instituto Nacional de Estadística –INE-  realizaron una presentación sobre la situación actual del mercado laboral y el empleo juvenil. Los datos presentados evidenciaron un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda laboral para los jóvenes.

La sesión contó con la participación de estudiantes,  investigadores y docentes universitarios, y funcionarios de gobierno.

Esta actividad responde al trabajo de difusión y socialización que realiza el Informe Nacional de Desarrollo Humano con entidades públicas, universidades y sociedad civil, con el objetivo de contribuir al análisis de datos y de políticas públicas que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás.

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  incluye  el combate a las desigualdades de forma explícita. El Objetivo 10 plantea compromisos para la reducción de las brechas en los ingresos de los más pobres respecto al promedio nacional, la promoción de la inclusión económica, política y social, el combate a la discriminación, políticas fiscales y de protección social, mayor representación política, eliminación de barreras para la movilidad humana y regulación justa de mercados financieros.

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Violencias en el posconflicto

Los datos del INDH 2015/2016 demuestran que la transición democrática no marcó un final al uso de violencia como represalia a la oposición de comunidades frente a la expropiación y explotación de sus territorios.

Cada 13 de marzo, sobrevivientes de la aldea Río Negro, Baja Verapaz, realizan un peregrinaje hacia el cerro Pocoxom para conmemorar la muerte de 107 niños y 70 mujeres de la comunidad, a manos de miembros del ejército de Guatemala y patrulleros de la aldea Xococ en 1982, durante el gobierno del general Romeo Lucas García.[i] Algunos realizan la travesía a pie, otros lo hacen en bus o lancha. Quienes llegan en lancha deben detenerse en la garita de la represa Chixoy, donde piden permiso para transitar por el territorio que les pertenecía. Como recoge el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, a finales de la década de 1970, el Estado “perjudicó” a 11,933 pobladores de la región para construir la represa Chixoy.[ii]  Aunque, “perjudicar” es un verbo pusilánime para describir el genocidio ejecutado contra el Pueblo Achi.[iii]

La construcción del proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica se ejecutó sobre la sangre, el sufrimiento y desplazamiento de cientos de mujeres, hombres, ancianos y niños, en su mayoría Achi, quienes se rehusaban a abandonar sus tierras, a cambio de míseros reemplazos en lugares con tierra de mala calidad y con menores extensiones de las que poseían, donde sería imposible reproducir el entorno en el que habitaban con sus animales y siembras. [iv] La inundación de la cuenca del río Chixoy también destruyó sitios arqueológicos, borrando parte de la historia Achi.[v]

Los datos del INDH 2015/2016 demuestran que la transición democrática no marcó un final al uso de violencia como represalia a la oposición de comunidades frente a la expropiación y explotación de sus territorios. Los capítulos 8 y 9 señalan que el tipo de modelo de desarrollo que se impulsa en Guatemala es impuesto de manera unilateral y continúa necesitando del uso de las fuerzas de seguridad del Estado y de ejércitos privados para desestructurar la organización comunitaria y detener protestas o demandas jurídicas.

El informe detalla cómo en el presente, más de mil  comunidades, en su mayoría indígenas, que se oponen a proyectos de “desarrollo” –basados en la explotación y expropiación de sus tierras y el uso desmedido de los recursos no renovables de comunidades- son criminalizadas y la vida de sus miembros continúa siendo violentada por el Ejército y la Policía Nacional Civil.[vi] Es así que, de 1997 a 2013, el despliegue represivo, como único recurso del Estado ante expresiones de demanda ciudadana ha aumentado en un 2.4 por ciento.[vii]

Igual de preocupantes son los datos de UDEFEGUA, que señalan que del año 2000 al 2014, se contabilizan 173 defensores de derechos humanos asesinados.[viii]  En el 2000 se reportaron 59 agresiones a defensores de derechos humanos y esta cifra se elevó a 813 en el año 2014.[ix] El informe expresa que “la criminalización de la protesta social se traduce en un abordaje represivo de las movilizaciones sociales, campañas psicológicas de difamación en contra de líderes comunitarios, implementación de estados de prevención o de sitio y aplicación de la ley penal mediante captura contra dirigentes y allanamientos de sus hogares.”[x] Estas acciones y cifras no deberían de responder a la etapa actual de democracia y posconflicto.

A la violencia física y psicológica atada a los proyectos de desarrollo impulsados en Guatemala debe agregarse la violencia estructural, que niega servicios básicos y mantiene a poblaciones urbanas y rurales en pobreza y pobreza extrema. El informe señala que, en el departamento de Alta Verapaz, en el que reside la mayoría del Pueblo Q’eqchi’, es donde más hidroeléctricas han sido construidas pero donde menor cobertura eléctrica existe. El 66 por ciento de los habitantes no cuenta con conexión a una red eléctrica en su vivienda.[xi] Ese departamento también subsiste con un 53.6 por ciento de pobreza extrema.[xii] La tabla 8.5 demuestra que, a pesar de las campañas mediáticas y promesas de trabajo, entre 2002 al 2014, la industria extractiva y las hidroeléctricas, son las que menos han aportado al PIB.

El informe, es claro en señalar que históricamente, en Guatemala, se ha mantenido un Estado débil y despótico. Añade que en el presente se sobrevive en una “cultura autoritaria [que] permite formas de participación democráticas, en tanto no alteren el programa de crecimiento impulsado por las elites” y por consiguiente, ese crecimiento no se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida de la población.[xiii]

Esta historia documentada en el reciente informe será difícil de transformar si no se construyen procesos autonómicos alejados de las elites y el ejército, sectores que continúan ejerciendo poder político y construyendo instituciones para su beneficio particular.[xiv]  Finalmente, queda claro que cualquier propuesta de desarrollo humano, social y económico no puede permitir que el terror sea usado como medio para impulsarlo.

 

 

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[i] Río Negro fue una de las comunidades más afectadas por la violencia de Estado y uno de los bastiones de la resistencia contra la construcción de la represa. Allí se cometieron cinco masacres. La primera el 4 de marzo de 1980, la segunda el 13 de febrero de 1982, la tercera y una de las más brutales el 13 de marzo de 1982, la cuarta el 14 de mayo de 1982 y la última el 14 de septiembre del mismo año.

[ii] Ver recuadro 9.1

[iii] El informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico determinó que el pueblo Achi fue uno de los que enfrentó genocidio durante el conflicto armado.

[iv] Parte del financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica fue proporcionado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las cifras iniciales del préstamo eran de 72 millones del Banco Mundial y 105 del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, las cifras se incrementaron con el avance del proyecto y Guatemala resultó asumiendo una deuda por la construcción de Chixoy de más de $400 millones.

[v] El embalse de la cuenca del río Chixoy inundó decenas de sitios arqueológicos incluidos Rax Ch’ich’, Pueblo Viejo, El Jocote, Kawinal y Chicruz.

[vi] Ver sección 5.2.3 del informe, así como el capítulo 8 y 9 que detallan disputas sobre proyectos mineros y de energía eléctrica.

[vii] Gráfica 6.5.

[viii] INDH, 100.

[ix] INDH, 147.

[x]  INDH, 256.

[xi] Gráfica 9.4

[xii] Ver cuadro y graficas 9.1.

[xiii] INDH, 84.

[xiv] El caso de “La Línea” es uno de los mejores ejemplos de cómo militares han usado el Estado para beneficio propio. De igual manera, casos revelados por la CICIG incluyen involucramiento de las elites en el saqueo y corrupción del Estado.

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La Discriminación y el Racismo en Guatemala*

El racismo y la discriminación racial constituyen una ofensa a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

Ronaldo Andrés Gómez
marzo 22, 2017

“El racismo es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de uno o varios grupos y en detrimento de otros, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación”.  Puede expresarse como prácticas, imaginarios o ideologías, y expandirse a todo el campo social.  Puede proceder de una clase social o de un grupo étnico.  También puede provenir de las instituciones o del Estado, en cuyo caso se habla de «racismo de Estado»[1].

La Discriminación por su parte, es la materialización del racismo, traducida en hechos, acciones y actitudes de preferencia y distinción que excluyen y restringen el ejercicio pleno de uno o varios derechos debidamente establecidos, por motivo de género, etario, discapacidad, religión, por tener una ascendencia o por pertenecer a un pueblo indígena, entre otros. Tales hechos y acciones, anula y/o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Niega la igualdad de oportunidades, favorece a unos y perjudica a otros.

La construcción del Estado guatemalteco, desde una visión historicista ha pasado por dos momentos bien definidos, a saber: 1) el Estado colonial y; 2) en su vida independiente, el Estado republicano, versión no concluida por cierto. Como Estado colonial, respondió a la condición de dominio que le imprimió la metrópoli, desde el punto de vista de la explotación y del manejo de la dominación política y social, con los privilegios que una situación de esa naturaleza acarrea; lo que no podía ser de otra forma, pues la corona y el grupo dominante, aprovecharon para su beneficio el derecho de conquista: explotar económicamente, excluir socialmente y sojuzgar políticamente. Se sientan así, las bases de la exclusión y de la discriminación racial en Guatemala[2].

El racismo y la discriminación racial constituyen una ofensa a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicios de los derechos fundamentales[3] de la persona. Se interrelaciona estrechamente con la estructura del Estado, sus instituciones y prácticas. Sigue siendo una ideología que sustenta y promueve el sistema de dominación hacia los pueblos indígenas y sigue siendo el motor reproductor principal de la desigualdad, exclusión y discriminación hacia los pueblos. Por ello, el Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, recomendó en referencia a la discriminación estructural, que la condición de pobreza y exclusión social afectan de manera intensa a los Pueblos Indígenas y recomienda la adopción de medidas especiales o de acciones afirmativas para romper el vínculo entre pobreza y racismo.

La desigualdad es el efecto del racismo y la discriminación racial hacia los pueblos indígenas, los cuales se reflejan en los altos índices de desnutrición crónica,  analfabetismo, pobreza, y la falta de acceso a los servicios de salud. Esta problemática se acentúa particularmente en los departamentos con mayor porcentaje de población indígena: Sololá, Huehuetenango, El Quiché, Alta y Baja Verapaz.

En Guatemala persisten brechas desfavorables entre los pueblos indígenas y no indígenas en cuanto al acceso a servicios públicos, la esperanza de vida, educación, desarrollo, infraestructura, salario entre otras, que constituyen claramente una manifestación de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, a pesar de la aprobación y existencia de instrumentos nacionales e internacionales favorables a los derechos de los de pueblos indígenas.

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución  34/24 (1979) Proclamó a partir del 21  de marzo la Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial,  considerando que a nivel mundial el racismo y la discriminación racial son las causas de los conflictos entre los seres humanos que conviven en un mismo Estado y que son originarios de diferentes culturas.

La Celebración de la Semana de la Solidaridad en Guatemala, se  fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 126-2004, que declara el 21 de marzo de cada año “Día Nacional de la Eliminación de todas las formas de  Discriminación Racial” y establece la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, comprendida del 21 al 28 de marzo de cada año. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo –CODISRA-  es la encargada de organizar todas las actividades conmemorativas al respecto.

No obstante, esta ardua tarea, no solamente es responsabilidad de la CODISRA, sino es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y para ello, es importante que tengamos una dosis de tolerancia y un amplio criterio para reconocer las necesidades más profundas que tenemos como nación, y que tenemos que tener una actitud dialógica para unificar criterios y esfuerzos para afrontar de forma positiva los problemas del racismo y la discriminación racial.

Como pueblos tenemos que acercarnos a estos problemas para buscarles una solución. Somos un país donde convergen diversas culturas, diversas visiones y por tanto, diversos aportes, expresiones y filosofías de vida, que deben ser reconocidas y respetadas por igual, así como promocionarse en aras de su propio desarrollo, sin afectar su esencia como tal. Para esta inmensa tarea, es importante reestructurar el sistema educativo para que responda a la realidad social del país. Así como implementar programas de prevención de la discriminación racial, tal y como lo estipula la Ley de Promoción Educativa contra la discriminación (decreto No. 81-2002), que mandata para su desarrollo e implementación, al Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura y Deportes y a todos los ministerios e instituciones del ejecutivo.

En ese sentido, el Día Nacional de la Eliminación de todas las formas de  Discriminación Racial y  la semana de Solidaridad con los Pueblos que luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, es un tema de importancia nacional para que reflexionemos, sobre nuestro papel en esta lucha, para la garantía de la dignidad, la justicia y el desarrollo, basado en el respeto y el ejercicio pleno de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de los pueblos que cohabitan el territorio guatemalteco. ¿Qué papel jugamos como agentes de cambio y qué papel juega la comunidad académica, las universidades y los centros educativos? ¿Será que los contenidos de nuestros cursos, transforman mentalidad, actitudes y genera una dosis de tolerancia en nuestros estudiantes? ¡Reflexionemos! ¿Qué actitud tomamos al momento de tener a una o varias personas indígenas en nuestro salón de clase? ¿Las tratamos de la misma forma que a las otras que no son indígenas? ¿Estará presente ese eje de multiculturalidad y de género en el plan estratégico de la Universidad, en nuestros contenidos para trasformar esta realidad? Son muchas las preguntas que nos podemos y debemos plantear, no solo con ocasión de esta semana, sino todo el tiempo.

Impulsar el debate sobre el fenómeno del racismo y la discriminación racial en busca de la convivencia armónica y respeto a las diferencias sociales, así como dialogar sobre los retos y desafíos, que presenta la incidencia de las nuevas formas del racismo y la discriminación racial en nuestra institución será la dosis para afrontar de forma positiva su prevención y erradicación desde la Universidad como una institución social transformadora de mentalidades y actitudes, porque nosotros estamos forjando profesionales que estarán al servicio de la sociedad.

A manera de conclusión entonces, se puede decir que el racismo se relaciona estrechamente con el Estado, sus instituciones y sus prácticas y genera el 3.3% de la pérdida del PIB anualmente y 0.83% menos en el crecimiento económico. Por lo tanto, genera exclusión, desnutrición, pobreza y pocos años de esperanza vida para las personas sujetos del racismo.

Finalmente, se reitera que “toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta, peligrosa y debe rechazarse”

Cordialmente invitados e invitadas para que se suban a este barco de lucha por la dignidad, la justicia, el desarrollo de los pueblos y por tanto, un legado para las futuras generaciones.

 

***

*Ponencia realizada durante taller de reflexión sobre la desigualdad y la discriminación en Guatemala, con docentes universitarios, representantes de unidades académicas de la Universidad San Carlos de Guatemala -USAC-.

 

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El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

 

[1] M. Casaús, basada en Memmi et al (La metamorfosis del racismo en Guatemala)

[2] IDPP (s.f) Tipificación del delito de discriminación y su incidencia en Pueblos Indígenas. Pág. 07.

[3] Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965

Noticias

A pesar del progreso alcanzado, la pobreza extrema y la exclusión persisten en América Latina y el Caribe: Informe del PNUD

PRENSA REGIONAL – Región de América Latina y el Caribe

El progreso alcanzado deja atrás a millones de personas, entre ellos mujeres y grupos indígenas, y esta brecha puede ampliarse a menos que se eliminen aquellos obstáculos al desarrollo profundamente arraigados, como la violencia, la discriminación y la desigualdad.

21 de marzo de 2017.-  Los extraordinarios avances realizados en materia de desarrollo humano durante los últimos 25 años en América Latina y el Caribe ocultan un progreso lento y desigual en el caso de ciertos grupos. Para garantizar un desarrollo humano sostenible para todas las personas, resulta necesario centrar los esfuerzos sobre quienes hasta ahora han sido excluidos y adoptar medidas para enfrentar las barreras que los marginan.

Estas son algunas de las conclusiones principales del Informe (Mundial) sobre Desarrollo Humano 2016, publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Informe constata que, aunque el promedio de desarrollo humano mejoró considerablemente en todas las regiones entre 1990 y 2015, una de cada tres personas en el mundo sigue viviendo con bajos niveles de desarrollo humano, medido por el Índice de Desarrollo Humano.

“El mundo ha logrado niveles de bienestar sin precedentes, pero ese bienestar no ha alcanzado a todos y todas. Muchos han quedado excluidos por su pertenencia a grupos específicos y existen barreras sistemáticas que refuerzan esa exclusión” dijo hoy la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante del PNUD en Guatemala, Rebeca Arias, durante una presentación local a medios de comunicación.

Según el Informe, América Latina y el Caribe disfruta de elevados niveles de desarrollo humano entre las regiones en desarrollo, solo detrás de Europa y Asia Central. Sin embargo, cuando se ajusta por la desigualdad, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región se reduce casi un 25% debido a la distribución inequitativa del progreso en desarrollo humano, en particular respecto de los ingresos.

Entender los patrones de desventaja en la región

En consonancia con las conclusiones del Informe Regional 2016 y el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, el Informe mundial de 2016 también muestra que determinados grupos sufren desventajas sistemáticas en la región, y, en el caso de algunos, es probable que la brecha se amplíe con el tiempo, puesto que son los grupos que se ven más afectados por eventos adversos y las crisis.
“Este Informe muestra que las vulnerabilidades son acumulativas. Una mujer, rural e indígena a quien no se le reconozca el derecho a la tierra, por ejemplo, enfrentará una combinación de desventajas”, dijo Jessica Faieta, Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.  “Tenemos que examinar de manera pormenorizada los promedios -incluidos los que parecen indicar que vamos por buen camino- para ver a quién se está dejando atrás y por qué. Y debemos considerar prioritario atender a esos grupos con el fin de garantizar el desarrollo humano para todas las personas”.

Las mujeres, por ejemplo, son en general más pobres en América Latina y el Caribe. Al respecto, el Informe señala que las mujeres también han sido tradicionalmente desfavorecidas porque asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, lo que les deja poco tiempo para desarrollar una carrera profesional e incorporarse al mercado laboral.

Las mujeres solo ocupan el 28% de los escaños parlamentarios en la región, y conforman únicamente el 37% de los legisladores y altos funcionarios.

El Informe también indica que muchos miembros de los más de 400 grupos indígenas de la región sufren carencias sistémicas que les hacen difícil alcanzar el nivel de los demás. Según el Informe, en Guatemala los niños y niñas no indígenas van a la escuela el doble de años que sus pares indígenas. En Bolivia, Ecuador, Perú y México, los niños y niñas no indígenas cursan entre dos y tres años y medio más de estudios que los que son indígenas.

A nivel mundial, aunque los pueblos indígenas representan el 5% de la población del planeta, conforman el 15% de las personas pobres del mundo.

“La primera medida esencial que hay que tomar para prevenir el conflicto y garantizar el desarrollo pacífico es proteger, promover y asegurar los derechos básicos de todas las personas”, afirma Mirna Cunningham Kain, nicaragüense del pueblo misquito, activista de los derechos de los pueblos indígenas y ex Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en su contribución especial al Informe.

Otros grupos desfavorecidos examinados en el Informe son los habitantes de las zonas rurales, las personas con discapacidad y la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
La seguridad sigue constituyendo una grave preocupación

La seguridad sigue siendo un problema acuciante en América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más urbanizada del planeta, con casi 80% de la población viviendo en zonas urbanas.

La tasa de homicidios de la región, que asciende a 21,6 por cada 100.000 personas, es 14 veces superior a la tasa más baja de Asia Oriental y el Pacífico. La región también presenta una elevada tasa de encarcelamiento: alrededor de 244 personas por cada 100.000, frente a 48 en Asia Meridional y 88 en África Subsahariana. En diez países caribeños, el porcentaje de niños varones en edad escolar que admitieron su pertenencia a bandas se situaba entre el 17% y el 24% en 2012. Las mujeres siguen sufriendo numerosas amenazas físicas y psicológicas: en Colombia se producen alrededor de 100 ataques con ácido al año. Según una encuesta de opinión, solo el 40% de la población de los países de América Latina y el Caribe se siente segura.

No obstante, se observan tendencias positivas que también pueden arrojar algo de luz sobre las mejoras regionales. El milagro de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, es un excelente ejemplo de cómo un enfoque de política multidimensional puede transformar una ciudad que antes era conocida por su tasa de homicidios (380 por cada 100.000 habitantes en 1991) en un lugar próspero y agradable para vivir.

Es hora de hacer frente a los obstáculos al desarrollo profundamente arraigados

“El desarrollo humano de todos y todas no podrá alcanzarse si no se rompen las barreras de la inequidad” señaló Gustavo Arriola, Coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD Guatemala, durante la presentación con medios de comunicación.

Por ello, el Informe hace un llamado para que se preste mucha más atención al empoderamiento de las personas más marginadas de la sociedad y se reconozca la importancia de darles mayor voz y participación en los procesos decisorios.

El Informe también pide mejores análisis para fundamentar las acciones, incluyendo un mayor énfasis en la evaluación del progreso en ámbitos como la participación y la autonomía. Además, resulta esencial disponer de datos desglosados por características como el lugar, el género, la situación socioeconómica y la etnia, para saber a quién se está dejando atrás.

El Informe hace hincapié en la importancia que reviste la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la hora de aprovechar estos avances, y señala que la Agenda 2030 y el enfoque de desarrollo humano se refuerzan mutuamente.

El Informe incluye una series de recomendaciones, entre ellas las de reorientar las políticas para asegurar que el progreso llegue a los más rezagados e insta a llevar a cabo reformas en los mercados e instituciones mundiales para hacerlos más equitativos y representativos.

 

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CONTACTO PARA MEDIOS:

Oficina PNUD, Guatemala

Odeth Alvarado: maribell.odeth.alvarado@undp.org

Liz Marroquín: liz.marroquin@undp.org

ACERCA DE ESTE INFORME: El Informe sobre Desarrollo Humano es una publicación editorial independiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para descargar el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 de forma gratuita, junto con los materiales de referencia sobre sus índices, visite: http://hdr.undp.org/es.

Informe sobre Desarrollo Humano 2016: http://report.hdr.undp.org/es.

Acceso a los materiales de prensa completos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: http://hdr.undp.org/en/2016-report/press.

 

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis, y promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todas las personas. Presentes sobre el terreno en 177 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.

 

 

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Pueblos indígenas y contiendas por el territorio

La mayoría de los políticos e intelectuales guatemaltecos no dudó en describir al «indio» como «el problema» que impedía a la naciente república evolucionar hacia «el estadio de las naciones civilizadas».

En la Guatemala de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, la expansión de la economía capitalista y la formación del Estado implicaron procesos vertiginosos –cuando no violentos– de (re)organización, apropiación y privatización de los territorios de los pueblos indígenas. Durante ese período los rasgos distintivos del modelo de modernización dominante fueron resultado de un proceso de hibridación entre un pasado colonial inmediato y las ideas sobre «la modernidad», «el progreso» y «la raza» que sostenían las élites guatemaltecas y aquellas de origen extranjero que llegaron al país gracias a las políticas de inmigración promovidas por los gobiernos republicanos. En ese entonces, las viejas desigualdades y diferencias socio-raciales de tipo colonial se potenciaron con discursos supremacistas, pero, sobre todo, con la creciente presión que provocaba el impulso de la economía de plantación a gran escala sobre los territorios y el trabajo indígena.

Desde la perspectiva de las élites decimonónicas la modernización y progreso de la nación dependían de la llegada del capital, tecnología e inmigrantes extranjeros, principalmente de inversionistas privados, representantes de las transnacionales del café y trabajadores europeos que hicieran producir las tierras ociosas en posesión de los pueblos indígenas. En un período de incremento acelerado en la demanda de café a escala mundial, la prioridad de las élites liberales fue «modernizar» el régimen de propiedad de la tierra para legalizar los procesos de despojo y privatización de las tierras comunales-ejidales indígenas; reparar y/o construir la red de caminos que comunicaban las ciudades importantes de los Altos con la Costa Pacífica; reglamentar formas de movilización de trabajadores indígenas (forzados o precariamente remunerados); capitalizar el naciente Estado y financiar la formación de las fuerzas armadas que se ocuparían de la «pacificación» del agro y de frenar la resistencia indígena ante las nuevas políticas de reorganización territorial y trabajo forzoso. Según registros consultados por Jim Handy (1984) en sólo unas cuantas décadas las políticas de privatización de la tierra concentraron el 72% de la tierra laborable en las manos de los terratenientes, un dos por ciento de los productores, y encauzaron los ritmos de la vida de los pueblos indígenas hacia un ciclo de migración estacional forzada desde el altiplano hacia la boca costa y costa Sur.

Como ejemplo de ello podemos recordar cómo los pueblos indígenas, (K’iche’, Mam, entre otros) cuyos territorios se extendían verticalmente desde las tierras altas de montaña hasta las tierras bajas del litoral Pacífico, fueron expropiados de una buena parte de sus ejidos y tierras comunales, para convertirlas en plantaciones de café o «fincas de mozos», propiedad de empresas cafeteras que operaban en Guatemala y/o desde alguna ciudad comercial influyente, como lo eran Hamburgo, Bremen y más tarde New Orleans o New York.

Mientras que, en la Alta Verapaz, para 1900, el café había invadido literalmente a las comunidades Q’eqchi’ y obrado los efectos de una droga en toda la región, no tanto por destruir el mundo anterior a su llegada, sino por distorsionar los rasgos que lo definían –tierra, trabajo y formas de vida– a fin de satisfacer las necesidades de una nueva economía exportadora (Grandin, 2007:37). Al examinar los expedientes de tierras de las haciendas de los alemanes en las Verapaces se observa que éstas no sólo conservaron los nombres indígenas sino se edificaron sobre los cimientos de comunidades Q’eqchi’[1] que fueron despojadas de sus tierras e incorporadas como el activo más preciado dentro de las nuevas plantaciones.

Frente a los prolongados procesos de reclamo legal, protestas y/o rebeliones que protagonizaron los pueblos indígenas para revertir aquellas políticas y disposiciones, los nuevos oligarcas desarrollaron un discurso racial más virulento organizado alrededor del «problema del indio». De este modo, buscaban legitimar su incursión en los territorios indígenas, la aplicación de variadas formas de trabajo forzoso y la instauración de regímenes autoritarios. La mayoría de los políticos e intelectuales guatemaltecos no dudó en describir al «indio» como «el problema» que impedía a la naciente república evolucionar hacia «el estadio de las naciones civilizadas». En el discurso sobre «el problema del indio» las diferentes doctrinas raciales se mezclan, a medida que las élites oligarcas necesitaban legitimar las profundas desigualdades que estaban produciendo sus políticas de reordenamiento territorial y social.

En aquel entonces, el eje de la conflictividad social y las tensiones interétnicas residió en el hecho que buena parte de los territorios y recursos requeridos para el impulso del modelo de modernización económica eran propiedad de los pueblos indígenas. Sin estos recursos el modelo hubiera fracasado. Esto último explica por qué las metáforas orgánicas que dieron sentido al discurso del «problema del indio» llevaban implícitas no sólo la construcción de un otro (no civilizado, «levantisco» y violento), sino la posibilidad de ejercer sobre éste distintas formas de dominación y violencia.

Hoy en día, podemos constatar cómo la escasez de tierras para la economía campesina y/o indígena en las Verapaces, la boca costa y costa sur se ha ido recrudeciendo con el tiempo, pues dichos territorios han sido escenario de megaplantaciones no solo de café, sino de banano, algodón, caña de azúcar y palma aceitera, lo que ha cerrado casi toda posibilidad de acceso a la tierra por la vía que sea, en las tierras de mayor vocación agrícola del país[2].

Paradójicamente, si comparáramos los argumentos de los nuevos empresarios y los funcionarios del Estado interesados en el fomento de la producción de palma aceitera y las industrias extractivas, con los argumentos de los empresarios y hacendados decimonónicos observamos que éstos continúan guardando amplias similitudes: la «disponibilidad» de recursos naturales, la existencia de grandes extensiones de tierra «sub-utilizada» por los pueblos indígenas, la ignorancia de éstos para entender los beneficios de la modernización de la economía y/o «la oportunidad de empleo» que ofertan las nuevas empresas, en un contexto de desempleo.

Dadas las analogías que guardan estos procesos, el reconstruir el significado profundo que tuvo para los pueblos indígenas la expansión de la economía de plantación en sus territorios afines del siglo XIX y las postrimerías del XX, puede ser de gran utilidad para comprender la creciente conflictividad social que observamos ahora, pero, sobre todo, puede ayudarnos a cuestionar los riesgos implícitos en un concepto de desarrollo económico que olvida la historia de los pueblos y profundiza la desigualdad social.

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[1] (Seritquiché, Sillap, Tzalamila, Chicam, Campur, Chinamá, Chirriquín, Chirrixquiché, Cubilgüitz, Chicayo, Chajcar, Olpán, Chiachal, Secac, Seacté, Chulac, Mayaguá, Chimaljá, Chuibut, Saomax, Semox, Secux, etc.)

[2]Ver el Capítulo 7: La Tierra y el derecho a la alimentación del INDH 2015/2016, PNUD (2016).

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El derecho a la vida: Las mujeres y el acceso a la tierra

La relación de las mujeres con la tierra trasciende su uso como mera mercancía para su explotación y generación de “riqueza”; la tierra es vivida como un espacio de emancipación y preservación de la vida.

Maria Alejandra Privado
febrero 15, 2017

La agricultura campesina produce hasta el 80% del alimento en los países no industrializados, según datos de la FAO, siendo las mujeres quienes producen del 60% al 80% del mismo, realizando trabajo reproductivo, invisibilizado la mayor parte del tiempo.

El trabajo realizado por las mujeres campesinas es fundamental no solamente para la reproducción de la vida en términos de la erradicación del hambre, sino también en la preservación de la biodiversidad, la conservación de semillas, así como en la recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos. La relación de las mujeres con la tierra trasciende su uso como mera mercancía para su explotación y generación de “riqueza”; la tierra es vivida como un espacio de emancipación y preservación de la vida, como centro de la espiritualidad, incluso, materializándose en expresiones como la de Madre Tierra y similares, en diversidad de cosmovisiones a lo largo y ancho del planeta[1].

Sin embargo, como resaltan estudios de Oxfam, en Latinoamérica, las mujeres sin excepción, poseen y manejan menos tierra que los hombres, desde un 8% en Guatemala –el menor de América Latina─, hasta un 30% en Perú, tratándose siempre de fincas de menor tamaño. Las mujeres representan además, menos del 12% de la población beneficiada en procesos de reforma agraria, siendo incluidas dentro de las políticas de acceso a tierra a través del mercado, de forma subordinada y minoritaria –en función de su estado civil y condición de madres y no como mujeres productoras─, contando además, con menor acceso a créditos y asistencia técnica que los hombres.

En Guatemala, el porcentaje de participación de las mujeres en programas de acceso a la tierra ha sido escaso a través de la historia –desde la condición de servidumbre durante la Colonia, que les impedía a las mujeres el acceso a la tierra por derecho propio─, constituyéndose en un 8% de las beneficiadas de los programas del Instituto de Transformación Agraria –INTA─ (1962-1996); en el 1% de los programas de la Fundación del Centavo (1984); y el 10.76% del Programa de Acceso a Tierras del Fondo de Tierras (1998-2014).

Actualmente, la Ley del Fondo de Tierras reconoce –y promueve─ en sus artículos 20 y 21, la inclusión formal de las mujeres como beneficiarias, en igualdad de condiciones que los hombres, en el reparto de tierras como co-propietarias –junto con sus cónyuges─, con excepción de los casos cuando la familia beneficiaria tenga padre soltero o madre soltera, ocasiones en las cuales los títulos pueden ser emitidos a favor de los jefes de la familia beneficiada, sean mujeres u hombres. El artículo 21, por su parte, en los criterios de elegibilidad, lista una serie de requisitos que deben ser aplicados a campesinos y campesinas por igual. Cabe decir que dicho reconocimiento formal, ha sido producto de la participación y lucha incansable de mujeres campesinas, indígenas y mestizas en el impulso del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el acceso a la tierra.

Según datos del Fondo de Tierras, en el período de 1998 a 2014, se han beneficiado 2,225 mujeres (10.7%) y 18,438 (89.3%) hombres, lo que refleja la asimetría en el otorgamiento de créditos para la compra de fincas por medio del mercado de tierras, teniendo aún poco impacto en beneficio de las mujeres.

Sin embargo, si bien el acceso a tierra por parte de mujeres solteras sigue siendo un tema pendiente, y las dificultades de acceso a la tierra de las mujeres en general tienen raíces que van más allá de la ley, debido al papel subordinado que comúnmente juegan las mujeres a lo interno de las organizaciones y comunidades que inician los procesos de acceso a tierra, así como por el carácter patriarcal del Estado, los logros en la consecución de la co-propiedad de tierra han dado a las mujeres mayor poder de decisión y de peso político dentro de los espacios comunitarios y locales. Además, en muchos casos, la co-propiedad de la tierra ha frenado la venta de tierras recién regularizadas, ya que se ha puesto en evidencia que es más fácil vender las tierras cuando sólo los hombres figuran como propietarios.

Es fundamental cuestionar y cortar las raíces patriarcales –dentro del Estado, de las comunidades, de la sociedad en general─ que limitan y vedan las posibilidades de las mujeres en el acceso a la tierra. La tierra es un derecho para las mujeres del campo, quienes además, como mujeres que viven y trabajan la tierra realizan una labor primordial en el cuidado, reproducción y garantía de la vida, no solamente de sus familias y de sus comunidades, sino de las sociedades enteras, creando junto con la Madre Tierra, las posibilidades y realidades de otro mundo frente a un sistema disfuncional que poco a poco está apagando la vida del planeta.

 

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[1] Para ampliar información, revisar el estudio de Ana Patricia Castillo (2015): Las mujeres y la tierra en Guatemala: entre el colonialismo y el mercado neoliberal.

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Fotografía: Rodolfo Mendía

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La democracia y su Estado

El Estado fuerte no necesita de la violencia para gobernar.

Edelberto Torres Rivas
febrero 8, 2017

Es difícil que te den la razón, y que reconozcan que en Guatemala ha habido cambios; somos opacos  para ver lo nuevo, por elemental que sea.  Nos referimos  a un fenómeno que se oculta en el telón de prejuicios  que nos  cubre, cuya percepción es de naturaleza subjetiva, depende de cierta sensibilidad personal.  Nos referimos a que desde  el año 2016 se ha venido produciendo  un clima de tolerancia relativa,  mayor confianza en el ambiente, ánimo asociativo y el despertar de alguna ilusión, como una utopía, reflejos unidos de una democracia que puede llegar…   ¿Volveremos   a  la época de las dictaduras?   Tenemos la certeza subjetiva de que el momento de la democracia llegó.

En el clima cívico y político que vivimos en la Guatemala de estos tiempos, resulta decisivo que podamos precisar razonablemente qué tipo de Estado queremos tener, mejor dicho, cual es la modalidad que Guatemala y su población necesita. Primero, todos queremos un Estado democrático, sustantivo y adjetivo juntos. Con la mayor certidumbre tenemos que identificar bien el Estado democrático en el que estamos pensando. No solo la idea es el Estado que estamos dispuestos a construir aquí y ahora, y aún más, es el proyecto de Estado por el que nos encontramos con ánimos de luchar. Llamémosle Estado fuerte, moderno. Son  momentos los que se proponen en el proceso, lo que va del pensamiento a la acción: no es suficiente hablar de democracia como si esta pudiera construirse con su  sola mención.  Es necesario construir una estructura de organizaciones, instituciones, jerarquías, normas que organicen las relaciones sociales destinadas a mantener el orden, el desarrollo y el bien común.

El Estado es la manifestación de proyectos concretos y relaciones sociales que se producen como luchas políticas, procesos de alianzas con partidos o fuerzas políticas, económicas y sociales. A través de estos procesos, el Estado se relaciona con temas claves como legitimidad, hegemonía, consenso, todo lo cual explica las conexiones entre sociedad civil y el Estado. Ya se dijo que el Estado democrático será más fuerte cuando obtiene pactos y su trabajo refleja los intereses de las y los ciudadanos.

Finalicemos estas consideraciones con dos comentarios que aclaran lo anterior. En torno a 1986  y aún antes,  en el ambiente del postconflicto, solo teníamos del Estado  ideas muy generales.  Era la quimera del Estado idea. También lo relativo al Estado como  la manifestación de intereses sociales -contrato social, incompleto porque faltaban los Acuerdos de Paz; y, el Estado-Instituciones, que empezaban a construirse. Los gobiernos civiles fueron incapaces para la construcción institucional, apoyados en bases electorales patrimoniales, estructuras administrativas corruptas, improvisación por falta de dirección histórica de largo plazo. La etapa en la que aún estamos tiene una dinámica desafortunada, un Estado incapaz para proveer bienes políticos fundamentales como seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía, bienestar social y otros.

El segundo comentario se refiere a los tres tipos de Estado que en Guatemala, en estos últimos 30 años, irrumpieron desde el fondo del atraso, de la tradición que destruye como lo afirma Weber: y se convirtieron en obstáculos. Fueron ellos el Estado patrimonial, el Estado paralelo y el Estado autoritario. Lo patrimonial es propio de las estructuras tradicionales, de poderes de baja legitimidad que tiende a desarrollar los conocidos rasgos del personalismo, el clientelismo, el patronazgo.

Nos movemos con la idea del Estado democrático.  No hay  manera de dejarlo de lado en relación con el Desarrollo Humano; por lo tanto existen variadas circunstancias en que el Estado es el sujeto activo, el eje central, la referencia inevitable de todo  cuanto se viene diciendo  sobre el desarrollo humano.  Cualquiera que sea la definición utilizada, la noción de Estado recuerda dos ideas centrales: la de orden y la de fuerza.  Estado es el organismo -o el conjunto de instituciones-  encargado por su misma naturaleza de ordenar la sociedad.  Para ordenar, integrar a un conjunto humano, es necesario aplicar el uso de la fuerza, que según Weber, se trata de una violencia legítima pues ordena porque cohesiona.

Es prudente distinguir entre Estado y gobierno, conceptos que tienden a confundirse frecuentemente.  El concepto de gobierno pertenece a un nivel empírico, donde los que mandan tienen nombre y apellido.     Estado es un conjunto de relaciones sociales que tiene como meta ordenar a un grupo humano  -denominado sociedad- que vive en un espacio físico acotado geográficamente.

Es frecuente escuchar las frases sueltas sobre el Estado ‘débil’ o Estado ‘fuerte’, cuando se habla sobre la modernización del Estado, o su versión oligárquica.  La distinción importante es que llamamos Fuerte al poder político que se hace obedecer en cualquier parte y frente a quien sea.  El Estado fuerte no necesita de la violencia para gobernar.  Se apoya en la legitimidad de su poder y se vale del método de la hegemonía.  Un Estado es  débil cuando no tiene autoridad o esta es insuficiente.  El Estado democrático es fuerte en el sentido de su calidad de mando.  A saber, un Estado que tiene autoridad política y cumple satisfactoriamente sus funciones democráticas, tales como mantener el orden de la sociedad, la seguridad, la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos que forman la nación, la promoción del desarrollo y la defensa de la soberanía.

Es un Estado débil aquel cuya presencia como autoridad pública no es visible ni funcional. Generalmente porque se encuentra ‘penetrado’ por intereses privados que lo dominan.  Por la fuerza de los grupos privados económicos o políticos, y por la forma como se ha venido constituyendo, el Estado cooptado convierte al Estado en un ente débil, al servicio de intereses privados, que no tienen en cuenta las exigencias mayoritarias   La naturaleza cooptada del Estado necesariamente impide las experiencias  democráticas.

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Para ampliar sobre el tema, revisar “La construcción de un Estado democrático posconflicto”, capítulo 4 del INDH 2015/2016

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