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Guatemala: 3 millones de personas viven en pobreza extrema

Los niveles de pobreza y desigualdad en el país evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población

Luis Ernesto Velásquez
octubre 18, 2017

El día 17 de octubre ha sido declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El tema de conmemoración de este año llama a recordar “la importancia de la dignidad, de la solidaridad, y de escuchar a las personas más desfavorecidas”. En el caso de Guatemala, esta fecha nos da la pauta para reflexionar sobre los grandes retos que afronta el país en materia de desarrollo humano, así como a pensar en las acciones que se deben tomar para romper con el circulo vicioso de la pobreza y la desigualdad.

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, durante el período de 2002 a 2013 el porcentaje de personas en condición de pobreza medida por ingresos disminuyó en la región, pasando de 42% a 24%; esto implica que aproximadamente 72 millones de personas mejoraron sus condiciones de vida. Los logros alcanzados se han dado no solo en la dimensión económica, sino también en otras dimensiones tales como el acceso a servicios básicos en salud y educación. A pesar de los avances observados, las mejoras en las condiciones de vida han sido desiguales entre los países de la región. En este contexto, Guatemala ha sido el único país que reportó un aumento en la pobreza durante el período evaluado (7%).

 

Cambio en la incidencia de la pobreza por ingresos (menos de 4 dólares por día) (en puntos porcentuales y en millones de personas) en América Latina, 2003-2013.

Grafica 2

 

El índice de desarrollo humano para Guatemala, que mide los avances en salud, educación y acceso a recursos económicos, muestra un deterioro de las condiciones de vida de las personas entre 2006 y 2014, principalmente en su dimensión económica. Esto también se refleja en otro tipo de mediciones. Entendiendo la pobreza como un fenómeno multidimensional de privaciones en las capacidades humanas, el índice de pobreza multidimensional revela que el 67% de la población guatemalteca sufre carencias que vulneran su bienestar.

Los niveles de pobreza y desigualdad en el país evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población. Durante los últimos años, la economía del país ha crecido de manera moderada y sostenida, a pesar de lo cual la pobreza ha aumentado. Esto permite decir que el modelo ha dado prioridad a la dimensión económica del desarrollo, propiciando concentración de la riqueza en unos pocos, al mismo tiempo que ha debilitado al Estado en su rol de promotor del bienestar de toda la población[1]. En este sentido, para generar cambios sustantivos es indispensable adoptar un nuevo paradigma de desarrollo.

Considerando que el modelo de desarrollo guatemalteco no ha demostrado ser eficiente en promover el bienestar de manera universal, es imperante la búsqueda de consensos que permitan generar cambios sostenidos en el largo plazo. Para avanzar en este proceso es importante considerar que un nuevo modelo debe tener como pilar fundamental la promoción de una sociedad más justa y equitativa, en donde se garantice la capacidad de las personas para decidir sobre su entorno y poder transformarlo.

Para lograr que la población más excluida y marginada mejore sus condiciones de vida, es necesario definir una estrategia clara, y a largo plazo, para la lucha contra la pobreza. En la dimensión económica, deben propiciarse las condiciones para generar más y mejores oportunidades de empleo que permitan a las personas tener un nivel de vida digno. De manera paralela, es importante evaluar los logros alcanzados en tema de la política social; es necesaria la implementación de mejoras inmediatas en la prestación de los servicios públicos de salud y educación, apuntando no solo a mejorar su cobertura, sino también su calidad y pertinencia cultural. Debido a la precariedad en la que vive una buena parte de la población, es importante implementar estrategias de intervención focalizadas que brinden oportunidades a las nuevas generaciones para superar su condición de pobreza.

Por otro lado, en la discusión nacional sobre el tema de la pobreza es importante considerar que el país ha asumido el compromiso de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; con ello hace manifiesto su interés por combatir la pobreza y la desigualdad. Esta agenda de desarrollo es un plan para la acción, con una visión transformadora, basada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- que cuyo fin es erradicar la pobreza en todas sus formas. Los ODS son una ruta para la promoción del desarrollo sostenible, basado en tres dimensiones: el económico, el social y el medioambiental.

Finalmente, en el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza hacemos un llamado a la acción. Es necesario evaluar las intervenciones que implementa el Estado para mejorar el bienestar de los aproximadamente 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en pobreza extrema, es decir que no disponen de los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos.[2] Al mismo tiempo, para mejorar el bienestar de las personas es necesario construir de manera colectiva, y participativa, un modelo de desarrollo que promueva la equidad y el bienestar para todos.

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EL BLOG DE DESARROLLO HUMANO es una plataforma de debate y discusión. La Oficina del INDH publica reflexiones que apoyan un diálogo constructivo sobre las opciones políticas  que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás. El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

[1] Ver INDH 2007/2008 sobre el papel de la economía en materia de Desarrollo Humano; INDH2009/2010 sobre la reducción del Estado de bienestar; y el INDH 2015/2016 sobre el sistema económico y exclusión (capítulo 2).

[2] Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2014. Datos oficiales de pobreza medida por el consumo de los hogares.

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Pueblos Indígenas y lucha contra la exclusión en Guatemala

Para cerrar las profundas brechas históricas que dividen a Guatemala será necesario un nuevo modelo de país, que incluya su pluralidad y las distintas visiones de desarrollo y bienestar

Gustavo Arriola Quan
septiembre 27, 2017

Guatemala es un país de diversidades, en donde más de 6 millones de habitantes descienden de los pueblos originarios y se identifica como tal. La vida de la población indígena en Guatemala tiene muchos desafíos, deben luchar cotidianamente contra la exclusión y contra el avance de estructuras que niegan su existencia como pueblos y comunidades con su propia cosmovisión y formas de entender la vida social.

A pesar de que el país ha ratificado los principales instrumentos internacionales que protegen a los pueblos indígenas y de que uno de los acuerdos sustantivos de la paz comprometió al país a respetar y defender su bienestar e identidad, la gran mayoría de la población indígena vive aún sin la oportunidad de alcanzar esos objetivos.

Desde la época de la colonia, las distintas comunidades mayas fueron desplazadas de sus territorios y sus habitantes obligados a trabajar casi en esclavitud. Los diferentes periodos históricos fueron modificando estas formas de explotación, adaptadas a la época, y dejaron una profunda brecha en el país, dividido profundamente entre mestizos o ladinos e indígenas. Las desigualdades estructurales y su correspondiente subjetividad definen una sociedad racista en la que el desarrollo humano ha llegado a muy poca gente.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2016, Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, el modelo de desarrollo impulsado desde la década de 1990 solo ha reforzado las desigualdades y ha conducido al deterioro ambiental y a la agudización de los conflictos heredados de la historia colonial y excluyente.

A mediados de la segunda década del siglo XXI, ocho de cada diez habitantes mayas sobreviven en la pobreza, que es el resultado de múltiples privaciones y de la discriminación económica persistente. Además, esta población se asienta principalmente en territorios en donde existe una baja densidad del Estado y escasa prestación de servicios públicos. Si bien el 20% de la población ocupada indígena se dedica al comercio y casi un 12% a industrias manufactureras, un 49% se dedica a la agricultura y sus familias dependen de la disponibilidad de tierras agrícolas para su subsistencia.

El 63% de la población indígena habita en áreas rurales y su relación con la naturaleza es fundamental para su existencia. El modelo económico del país ha propiciado un uso desordenado del suelo y con poco criterio territorial. Además, no se han respetado los ecosistemas en donde vive la población indígena, desplazándolos para la instalación de monocultivos e industrias extractivas.

Las comunidades se han organizado en defensa de sus territorios, pero sin respuesta adecuada del Estado ni respeto por sus derechos, que están garantizados por el derecho internacional y por el marco normativo nacional. En muchos casos se criminaliza su actividad de resistencia y hasta se ha atentado contra la integridad de líderes comunitarios.

Para cerrar las profundas brechas históricas que dividen a Guatemala será necesario un nuevo modelo de país, que incluya su pluralidad y las distintas visiones de desarrollo y bienestar. Para ello se debe garantizar el respeto y la aplicación plena de los derechos de los pueblos indígenas, incorporando sus demandas en la agenda de país, permitiendo la gestión autónoma de su futuro como pueblos.

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Columna publicada originalmente en Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER el 4 de agosto de 2017

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Quetzaltenango: mujeres y pueblos indígenas enfrentan mayores barreras para alcanzar desarrollo humano

Guatemala, 7 de septiembre de 2017.-  La Oficina Nacional del Informe de Desarrollo Humano del PNUD presentó, en alianza con colectivos sociales y universitarios de Quetzaltenango, el INDH 2015/2016 Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, en el Centenario Teatro Municipal, como parte de la Gira del INDH por los departamentos. Con motivo de esta visita,  también se organizó un conversatorio para presentar los principales resultados del informe a integrantes de organizaciones de sociedad civil, académicos y autoridades indígenas de la localidad. Este panel ofreció un espacio de debate acerca de cómo los eventos de conflictividad en Guatemala están vinculados con las distintas privaciones que sufren muchas poblaciones y con el impulso de formas cuestionadas de desarrollo.

El Informe presentado ubica a Quetzaltenango en un nivel de desarrollo humano arriba del promedio nacional, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.529, pero, “cuando se consideran las desigualdades, saltan a la vista amplias brechas de desarrollo entre sus municipios”, manifestó Gustavo Arriola Quan, Coordinador del Informe.  “A pocos kilómetros de la ciudad altense, hay dos municipios que se cuentan entre los de menor IDH y mayor pobreza como Cajolá y Sigüilá”, destacó.

Durante la presentación del Informe se subrayó que, como en el resto del país, hay grupos poblacionales que viven en mayor desventaja que otras, en el caso específico de las mujeres y pueblos indígenas, no se han beneficiado de igual forma que otros grupos en las distintas dimensiones del desarrollo humano, situación que se experimenta también a nivel nacional. El Informe registra, para el departamento de Quetzaltenango, una brecha en el desarrollo humano entre hombres y mujeres de un 11%,  mientras que para pueblos indígenas alcanza un 21%.

Al respecto, Brenda Itzep, de la Plataforma Ciudadana de Quetzaltenango,  expresó que  “en general, independiente del grupo etario al que pertenezcamos, al grupo étnico o también a la clase social,  la situación de las mujeres es crítica”.  Sin embargo, Itzep también precisó que la situación de las mujeres indígenas en el área rural es bastante más crítica y difícil de enfrentar debido a la múltiple discriminación que sufren.  “Guatemala no es la ciudad capital, no es la ciudad de Quetzaltenango, a Guatemala la tenemos muy cerca de aquí, a 10 minutos encontramos el Valle del Palajunoc, donde incluso hay comunidades que aún no tienen drenajes, comunidades que no tienen acceso a agua, donde existen municipios del área mam como en el caso de Concepción Chiquirichapa, en el que apenas hace dos semanas murió una mujer por parto, en pleno siglo XXI. Y estamos hablando de población en su mayoría indígena, y eso no es victimización, es la realidad que vivimos”, concluyó.

 

Las desigualdades desatan conflictos sociales
El Informe señala que los conflictos no surgen espontáneamente o de repente, tienen un antecedente histórico. Y en el caso de Guatemala, tienen mucho que ver con las desigualdades de acceso al poder, de acceso al bienestar y de acceso a poder ejercer formas de vida.   Arriola expresó que las democracias, al contrario de los gobiernos autoritarios, permiten que los conflictos sociales formen parte de los procesos políticos y se conviertan en herramientas constructivas para el fortalecimiento de una sociedad democrática, “si se gestionan pacíficamente y si se abordan sus causas estructurales, los conflictos son una oportunidad para la transformación”, enfatizó.

Fredy Rodríguez, académico del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), durante su intervención como comentarista del Informe, compartió que en la región  ha venido ganando terreno una serie de propuestas, que tienen como objetivo la formación de una cultura política para el ejercicio ciudadano y político.   Asimismo, expresó que “los datos y el análisis que se presentan en el informe dotan de herramientas a colectivos organizados de sociedad civil, empresarios, ciudadanos, pero principalmente a políticos y autoridades sobre la enorme responsabilidad de utilizar esta herramienta para orientar de modo integrado su quehacer, en la búsqueda de mayor bienestar en la población”.

Más de 820 personas participaron en las presentaciones del INDH en Quetzaltenango. Durante estas actividades se hizo entrega simbólica del Informe a la Alcaldía Indígena de Olintepeque, Alcaldía Comunal de Santa Rita Salcajá, al Presidente del Consejo de Autoridades Ancestrales de Totonicapán y al Alcalde Municipal de la ciudad de Quetzaltenango.

 

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ACERCA DE ESTE INFORME: El Informe Nacional de Desarrollo Humano para Guatemala es una publicación con independencia editorial del PNUD. El INDH 2015/2016 fue lanzado públicamente en octubre de 2016, junto a altas aturidades de gobierno, cuerpo diplomático, sociedad civil y medios de comunicación.

Recursos – Sitio web del Informe www.desarrollohumano.org gt – Accede aquí a video de la presentación del INDH en QuetzaltenangoContacto: Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD Guatemala – Liz Marroquín, liz.marroquin@undp.org

Galería de fotografías: álbum Quetzaltenango

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Reconstruir la institucionalidad del Estado: La tarea inpostergable

Mientras no construyamos un Estado fuerte y capaz de alcanzar sus objetivos, la conflictividad social y política nos seguirá acompañando en el tiempo y en el espacio, complejizando entonces enormemente la posibilidad de construir en este bello pedazo de tierra que nos tocó vivir, un país próspero, incluyente y en paz.

Luis Fernando Mack
agosto 25, 2017

Desde que en abril del 2015, la CICIG y el MP descubrieron una red de corrupción de alto nivel incrustada en las instituciones públicas, las evidencias sobre la captura del Estado por intereses de particulares ha ido en aumento, mostrando el grado en el que se usaba el poder y los recursos públicos para proteger intereses espurios, que están muy lejos del ideal de bien común que está consagrado en nuestra Constitución Política de Guatemala.

El informe de Desarrollo Humano del 2016 enfatiza algunas de las muchas consecuencias que ha traído para la sociedad guatemalteca ese lastre de un Estado que ha faltado a sus más mínimos deberes: en la primera parte del estudio se demuestra que muchos de los conflictos que proliferan en Guatemala, se originan en ese calamitoso estado de la institucionalidad del Estado, el cual no tiene ni la capacidad, ni la estructura adecuada para atender las demandas de la sociedad, y en el contexto de los casos de corrupción, esa falencia cobra un sentido perverso: la capacidad institucional muy probablemente ha sido socavada lentamente durante muchos años, debido a esas redes de corrupción que lejos de perseguir resolver las demandas ciudadanas, estaban encargadas de proteger los intereses de los gobernantes de turno.

img_6264 Jornadas 2015. Fotografía: Vivian Guzmán

 

El capítulo cuatro, en particular, cuando se hace el recuento de las funciones que un Estado que promueve el desarrollo humano debe cumplir, el informe concluye luego de retomar muchos de los elementos que ya estaban señalados en el Informe de Desarrollo Humano del 2009-2010:

La evaluación de estos ámbitos en el posconflicto nos da como resultado un Estado debilitado, al servicio de intereses privados y particulares, poco transparentes y más bien corruptos, con pocos canales de participación (INDH 2015-2015, página 96)

Un ejemplo de esa debilidad es el análisis de la institucionalidad relativa a la mediación y la solución de los conflictos: una maraña de instituciones, mecanismos y procesos que compiten muchas veces por recursos, rivalizan en procedimientos y difícilmente se coordinan en campo, haciendo que todo el andamiaje de la mediación sea lento, engorroso y poco eficiente:

En el plano del Organismo Ejecutivo, la conflictividad hoy es atendida por diferentes instancias desde el nivel nacional y se articula, con distintos enfoques, hacia algunas instancias locales (municipalidades, COCODE, COMUDE) y departamentales (Gobernaciones, CODEDE) con cierta coordinación, aunque aún insuficiente. La articulación se dificulta por los cambios de enfoque con cada administración gubernamental, o por la incomprensión de las dinámicas que generan conflicto. (INDH 2015-2016, página 110)

Paradójicamente, la institucionalidad está constituida por 3 enfoques, claramente visualizados en cada mecanismo que el informe analiza: contención del escalamiento del conflicto, mediación y diálogo, y la atención a problemas específicos -como el de los conflictos de tierra y por extracción de recursos naturales, que son los que más notoriedad han adquirido en los últimos tiempos-. Estos tres niveles son necesarios, pero como el andamiaje no está conectado realmente con la estructura de toma de decisiones ni de recursos del gobierno, su capacidad real para la resolución de los conflictos ha sido el talón de Aquiles, con graves consecuencias para el clima de gobernabilidad que actualmente vivimos:

Al momento, no se ubica en el Estado ninguna institucionalidad con capacidades para solucionar la conflictividad de una manera comprehensiva e integral. Como resultado, se emprenden acciones altamente fragmentadas que se perciben en las poblaciones como dilatorias, y que actúan en beneficio de aquellos con capacidades, recursos y poder para comprender el operar del Estado y obtienen réditos a su favor (INDH 2015-2016, página 111)

En el corto plazo, por supuesto, la contención, la mediación y la atención a problemas especializados ha rendido sus frutos, ya que se ha evitado momentáneamente el escalamiento de los conflictos. Sin embargo, en el mediano y el largo plazo, el impacto sobre la credibilidad de la institucionalidad del Estado y sobre los mecanismos de diálogo han sido nefastos, ya que han ido generalizando la idea que la única forma de obtener alguna capacidad de negociación real es la vía de la fuerza: esa es la razón de fondo de por qué ha habido un escalamiento de las manifestaciones y los cortes de carretera que solamente multiplican los conflictos y aumenta los sufrimientos de la ya de por si golpeada población: ahora no solo hay que lidiar con la incapacidad del Estado de resolver los problemas del día a día, sino aparte, se debe tener paciencia de santo para soportar los múltiples contratiempos que el ciudadano de a pie debe sufrir cuando hay manifestaciones de protesta que solamente buscan la solución de sus demandas postergadas por muchos años.

El cuadro que pinta el Informe de Desarrollo Humano, por tanto, es contundente: mientras no construyamos un Estado fuerte y capaz de alcanzar sus objetivos, un Estado que se organice para proteger los derechos de las poblaciones vulneradas, reduzca los riesgos de las poblaciones vulnerables y trabaje eficientemente para expandir los beneficios del desarrollo a una mayoría que nunca ha tenido acceso a bienes y servicios básicos, la conflictividad social y política nos seguirá acompañando en el tiempo y en el espacio, complejizando entonces enormemente la posibilidad de construir en este bello pedazo de tierra que nos tocó vivir, un país próspero, incluyente y en paz.

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EL BLOG DE DESARROLLO HUMANO es una plataforma de debate y discusión. La Oficina del INDH publica reflexiones que apoyan un diálogo constructivo sobre las opciones políticas  que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás. El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

 

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Gira INDH arranca en Totonicapán

El sábado 12 de agosto arrancó en Totonicapán una gira de presentaciones del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016 Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, que llegará a varios departamentos del país. Este informe fue lanzado públicamente en octubre del 2016, y su punto principal de análisis son las conexiones entre las luchas sociales de la población y el desarrollo humano, entendido este último como un bienestar multidimensional que le permita a las personas alcanzar una realización en todos los ámbitos que consideren valiosos.

Gustavo Arriola Quan, Coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, manifestó que el principal objetivo de la gira de difusión es “acercar las propuestas analíticas del Informe, así como los indicadores económicos y sociales a las personas e instituciones que formulan e implementan políticas, programas y proyectos en los ámbitos departamentales y municipales y a la ciudadanía que participa activamente en el desarrollo local y regional”.

En colaboración con el Centro Universitario de Totonicapán (CUNTOTO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó dicho Informe en el Teatro Municipal de Totonicapán. En el evento participaron más de 250 personas, entre estudiantes y docentes universitarios, representantes de sociedad civil y funcionarios públicos departamentales.

Luis Gutiérrez, Coordinador de Planificación Académica del CUNTOTO, expresó que “la Universidad de San Carlos de Guatemala siempre ha estado comprometida con llevar el desarrollo a todos los rincones del país a través de una formación de calidad. En ese sentido, es que se propician y apoyan este tipo de espacios que nos permitan conocer y discutir sobre la realidad del país”, indicóLos bajos ingresos obstaculizan avance en desarrollo humano de Totonicapán

Los bajos ingresos obstaculizan avance en el desarrollo humano de Totonicapán

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético que expresa tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida. El valor del IDH puede ser entre 0 y 1, donde 0 indica el más bajo nivel de desarrollo humano, y 1 indica un desarrollo humano alto.

Por su IDH, el departamento de Totonicapán ocupa el lugar 17 de 22, con un índice de 0.432, el alcance del promedio de país es de 0.492. Si bien la distancia con respecto al promedio nacional no es tan alta en los componentes de salud y educación, la brecha es bastante significativa en el caso de los ingresos promedio. “Esto refleja de forma indirecta la menor desigualdad dentro del departamento, ya que los ingresos corresponden de forma más cercana a los factores sociales” resaltó Gustavo Arriola, Coordinador del Informe. Totonicapán se caracteriza por tener mejores niveles de organización. “El manejo sostenible de algunos de sus bosques son una muestra de cómo las comunidades se organizan y logran una gestión exitosa. Esto no está libre de amenazas, porque siempre hay intereses económicos que buscan una explotación más acelerada de los recursos forestales”, concluyó Arriola.

422 mil personas viven en pobreza multidimensional, aproximadamente 8 de cada 10 habitantes.
64% de la población de Totonicapán no cuenta con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos, por encima del promedio nacional que es de 52%.

 

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ACERCA DE ESTE INFORME: El Informe Nacional de Desarrollo Humano para Guatemala es una publicación con independencia editorial del PNUD. Este informe se ha realizado con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia. Para su elaboración se llevaron a cabo más de 50 entrevistas con actores clave, una encuesta sobre desarrollo humano, estudios temáticos con expertos y talleres consultivos con más de 75 actores vinculados a las temáticas abordadas.

Este es el Informe número once publicado por la Oficina del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD en Guatemala, fue lanzado el 6 de octubre de 2016, junto a altas autoridades de gobierno, cuerpo diplomático y sociedad civil.

Para descargar el INDH 2015/2016 visite: http://desarrollohumano.org.gt/

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Gira INDH 2015/2016 Más allá del conflicto, luchas por el bienestar

La Oficina del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con Universidades y organizaciones de sociedad civil realizará una gira por distintas regiones del país para dar a conocer los mensajes principales del INDH 2015/2016: Más allá del conflicto, luchas por el bienestar.

Próximas fechas:

Totonicapán, 12 de agosto a las 6:00 p.m. en Teatro Municipal
Quetzaltenando:
15 de agosto a las 3:00 p.m. en Casa No’j
16 de agosto a las 6:00 p.m. en el Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenago.

Para más información síguenos en nuestras cuentas en redes sociales Facebook desarrollohumano/gt @indh_guatemala

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Las luchas sociales de la costa sur: un capítulo pendiente

La costa sur es un laboratorio importante para entender cómo se configura el modelo socio-económico guatemalteco

Karen Ponciano
julio 21, 2017

El informe del INDH 2015-2016 sostiene que, aún hoy, entre los temas más recurrentes en las disputas sociales y económicas, se encuentran el uso del agua, las condiciones laborales y la demanda insatisfecha de tierra para la economía campesina. En los recuentos sobre las movilizaciones sociales en los distintos territorios, olvidamos frecuentemente que la movilización social no se limita al presente, sino que existe una larga trayectoria histórica que la nutre y la hace inteligible. La lucha social en la costa sur y, especialmente, la que emergió en Santa Lucía Cotzumalguapa, es hoy relativamente poco conocida. Por eso, se hizo un largo trabajo de investigación con testigos que han sobrevivido y que, en muchos casos, son los herederos y, en mayor porcentaje, las herederas de las víctimas de una sangrienta represión a inicios de la década de los ochenta. El libro que recoge este trabajo investigativo “Lucha campesina y trabajo pastoral en la costa sur de Guatemala”, fue presentado en abril de 2017 en Santa Lucía Cotzumalguapa, a apenas unos metros del lugar que congregó a cientos de campesinos y trabajadores de las fincas aledañas, en aquella huelga de febrero de 1980 que hizo temblar los cimientos de la economía agro-exportadora guatemalteca.

La costa sur ha sido un gran capítulo pendiente en las ciencias sociales en Guatemala. Son miles de laberintos que recorren el entramado de las fincas azucareras de la costa sur: la historia de estos hombres y mujeres se entremezcla con la historia de la implantación y expansión del cultivo de la caña de azúcar en el territorio. Aún desconocemos muchas facetas de esta historia no escrita e invisibilizada.  En términos generales, los análisis sobre las disputas, organización y movilización social desde mediados de los años setenta del siglo XX hasta el siglo XXI, han relegado a la región de la costa sur, a pesar de que constituye la clave de las lógicas económicas que explican la irrupción del movimiento campesino que logró vincular varios territorios. Santa Lucía Cotzumalguapa es un ejemplo de este vacío: se han investigado poco, y divulgado menos, las circunstancias en las que se producen los quince largos días de la huelga de 1980 –una huelga que emana, precisamente, de las reivindicaciones de los trabajadores y campesinos de la Costa Sur.   Poco se sabe –desde la mirada de las poblaciones de la Costa– sobre la relación entre cómo se organizan los monocultivos (particularmente de la caña de azúcar) y las circunstancias en las que se consolida un sujeto político campesino que, por primera vez en el siglo XX, pone en jaque a la economía finquera.


Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla (2011). Durante el período de zafra (cosecha de caña), miles de indígenas y campesinos de varias partes del país viajan a la costa para trabajar como temporeros. Fotografía: Piet den Blanken

 

Efectivamente, Santa Lucía Cotzumalguapa se encuentra en el corazón de la industria azucarera de Guatemala. Extensas plantaciones de caña de azúcar cubren el suelo del municipio y gran parte de los 15 ingenios del país, se encuentran ahí. Para muchos, la organización social en esta región, tiene raíces profundas en el periodo revolucionario de 1944 a 1954. No deja de ser cierto; pero el acumulativo organizativo es más profundo, y remite a la historia a partir de la cual se construyen las relaciones económicas y territoriales entre las tierras de la costa y los desplazamientos de los campesinos desde el altiplano central. La hipótesis sobre la que se ha trabajado cuando se habla de la lucha social en el siglo XX,  es que desde finales de los años sesenta, se generó una estrategia de organización que vinculó a los trabajadores temporales del altiplano con los jornaleros y mozos colonos de la costa sur. Lo que muestra este trabajo de investigación, es que ese vínculo ya existía desde décadas atrás.

Finalmente, la historia de las movilizaciones sociales en la costa, forma parte de la historia de los reacomodos en la formación de las élites regionales y su relación con la conformación del Estado guatemalteco. De hecho, la costa sur es un laboratorio importante para entender cómo se configura el modelo socio-económico guatemalteco. Hoy en día, no podemos seguir explicando los procesos sociales de disputa en el territorio guatemalteco, obviando y silenciando las dinámicas regionales de la costa sur

 

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Fotografías: Piet den Blanken/www.denblanken.com

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Gobernabilidad para el desarrollo humano

La ausencia de violencia, la efectividad de las instituciones y el Estado de derecho son condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer su libertad y alcanzar su propia idea de una buena vida.

Arturo Matute
junio 21, 2017

Guatemala cumplió solamente con 44 por ciento del total de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que estuvieron vigentes entre 2000 y 2015. Los ODM midieron avances de los países en temas tan importantes como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, y la promoción de la igualdad de género, pero dejaron de lado dimensiones fundamentales para el desarrollo como la paz y la seguridad humana. Fomentar la gobernabilidad democrática, reducir la violencia y combatir la corrupción son elementos clave para evitar un nuevo fracaso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La discusión que antecedió a la enunciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –aprobados por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015 – se nutrió de procesos previos como la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, de la cual Guatemala formó parte integral. La nueva agenda incorpora el Objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.  El ODS 16 es transversal para el logro de los demás objetivos en materia social, económica y ambiental dado que la ausencia de violencia, la efectividad de las instituciones y el Estado de derecho son condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer su libertad y alcanzar su propia idea de una buena vida.

El vínculo entre justicia, seguridad y desarrollo se fundamenta en la protección de los bienes más preciados como lo son la vida, la integridad física y el patrimonio individual y colectivo, pero tiene implicaciones adicionales de mucha importancia. Contar con bajos niveles de violencia en la sociedad evita costos en servicios de seguridad pública y privada que pueden dirigirse a inversión social, disminuye gastos en servicios de salud de emergencia que pueden destinarse a la prevención de enfermedades, aumenta los años de vida productiva de la población e incrementa la asistencia escolar. La vigencia del Estado de derecho contribuye a generar un ambiente propicio para las inversiones y la actividad económica en general.

Aunque algunos de los indicadores definitivos están aún siendo discutidos, el ODS 16 plantea entre sus metas medir el avance de los países en ámbitos poco considerados en agendas de desarrollo como el combate a la criminalidad organizada, la reducción de la corrupción, la garantía del acceso a la información, y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A pesar que continúa siendo uno de los países más violentos del mundo, gobernado a través de instituciones débiles que son vulnerables a la influencia de intereses privados y a veces criminales, Guatemala ha experimentado avances importantes en los últimos años en materia de seguridad y justicia que son dignos de destacar y que deben ser potenciados para lograr un buen desempeño en la Agenda 2030.

Una mejor articulación entre las instituciones del sistema de justicia, el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal, y la instauración de sistemas estratégicos de persecución penal han permitido disminuir los niveles de impunidad. Ello, aunado a medidas de prevención situacional, mejoras en el control de armas de fuego y en la atención a emergencias médicas ha contribuido a disminuir de manera significativa los niveles de violencia en el país en los últimos años. Del pico de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009 se ha bajado a 27 en 2016.

Sin embargo esta violencia se distribuye de manera desigual. La tasa de homicidios en los departamentos donde la mayor parte de los habitantes se auto-definen como no indígenas es significativamente superior a la de los departamentos donde la mayoría de la población se auto-define como indígena.

Esto llama la atención hacia la necesidad de conocer en mayor detalle los fenómenos de violencia en el país tomando en cuenta las especificidades del contexto social y cultural para poder responder de manera adecuada a las problemáticas.

El énfasis en los últimos años en Guatemala en temas de seguridad y justicia ha estado puesto en investigar y perseguir la criminalidad, comprensible dada la exigencia de la población de respuestas visibles. Pero se debe también atender las causas sociales de la violencia e invertir significativamente en su prevención. Hay actualmente iniciativas importantes como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia próxima a ser presentada por el Ministerio de Gobernación y el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. Estas actividades deben acompañarse de esfuerzos sistemáticos de monitoreo, análisis y generación de propuestas.

Desde la perspectiva estatal es un buen inicio el establecimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional en Seguridad y Justica que vincula distintas instancias oficiales para la generación de información. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a seguridad y justicia procuran articularse en la Mesa de Análisis Especializada. Estos esfuerzos pueden beneficiarse de enmarcar su trabajo dentro del proceso internacional de monitoreo al cumplimiento del ODS 16.

La Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas presenta oportunidades a los Estados y organizaciones para vincularse a nivel global y fortalecer sus capacidades técnicas. Un reciente taller co-facilitado por el PNUD permitió el intercambio inicial de experiencias de entidades de la región en medición de indicadores relacionados al ODS 16 y estableció las bases para una red temática en la región. Esta es una oportunidad que debe ser aprovechada por el gobierno y la sociedad guatemalteca y contribuir a que los procesos de fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática incidan sobre el desarrollo humano.

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EL BLOG DE DESARROLLO HUMANO es una plataforma de debate y discusión. La Oficina del INDH publica reflexiones que apoyan un diálogo constructivo sobre las opciones políticas  que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás. El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

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Paradojas de la ciudadanía laboral en tiempos de paz

El debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia

Leslie Lemus
junio 6, 2017

El mercado laboral ha sido por excelencia un mecanismo de inclusión social y redistribución de la riqueza. Además del salario, a través de este ámbito ha sido posible acceder a una gama de derechos –contratos, prestaciones, seguridad social, seguridad en el puesto trabajo, organización sindical-. Ciertamente en la historia de Guatemala esta forma de ciudadanización ha tenido alcances limitados pues la mayor parte de la fuerza de trabajo ha quedado excluida de la institucionalidad que la garantiza.

Más grave es el hecho de que en las últimas décadas la ciudadanía laboral ha enfrentado una paradoja. Por un lado, a partir de la transición a la democracia y la firma de la paz, en el país fueron restituidos una serie de derechos políticos -incluyendo el de libre sindicalización-. Por otra parte, estos procesos fueron acompañados por una serie de reformas económicas y estatales que se tradujeron en el deterioro de condiciones laborales. Por ejemplo, al contrastar datos del año 2002 y 2016 se percibe el incremento de la proporción de Población Económicamente Activa Ocupada y Asalariada en situación de desventaja y experimentando el incumplimiento de sus derechos laborales.

Es decir, en casi tres lustros los espacios que otrora permitieron la inclusión se han reducido y en consecuencia el acceso a la ciudadanía laboral se ha restringido aún más que en el pasado, cuestión que refuerza las estructuras históricas de desigualdad.

Este escenario se produce a partir de un conjunto de factores y la intervención de múltiples actores que han generado un contexto desfavorable. En ese marco encontramos una institucionalidad de protección laboral debilitada por prácticas clientelares y de corrupción que impide al Estado asumir el rol tutelar de los derechos de los(as) trabajadores(as) -inspectorías laborales inoperantes, evasión en el pago de contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por ejemplo-.

Asimismo, las actividades económicas que han sido impulsadas con mayor entusiasmo han conllevado flexibilización productiva y laboral de facto. En muchos casos estas se han amparado bajo regímenes de excepción que les han otorgado exoneraciones fiscales y la omisión en la observancia del cumplimiento de la legislación laboral vigente -Código de Trabajo-.

Otro factor relevante en la construcción de este escenario es el deterioro del sindicalismo como expresión colectiva de la voz de los(as) trabajadores(as). Este tipo de organizaciones experimentan su desarticulación, así como los efectos y continuidad de la violencia política en su contra . Ciertamente, en muchos casos, las prácticas y dirigencias vigentes carecen de legitimidad, cuestión que se traduce en el desprestigio de esta actividad organizativa. Todas estas cuestiones se patentan en la poca participación social, de tal cuenta que la tasa de sindicalización en Guatemala es menor al 3% entre la población asalariada -una de las más bajas del continente-.

Sumado a los elementos antes citados, es también necesario considerar ciertas características de la población trabajadora que les colocan en posición de desventaja para negociar sus condiciones laborales. Así, los nulos o mínimos niveles de escolaridad alcanzados por la mayoría, condicionan el tipo de empleos a los que pueden acceder, viéndose confinados a insertarse en actividades de subsistencia y baja productividad. Los obstáculos en el acceso a la educación y formación también limitan el conocimiento que las personas tienen de sus derechos.

En conclusión, el debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia, en tanto afecta de manera directa las condiciones de vida y subordina a amplios sectores de la población, impidiendo con ello su plena inclusión y participación.

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La acción colectiva de las mujeres en las luchas sociales

“Nos agarramos nuestras manos para buscar la justicia. Rompimos el silencio y así empezamos un largo camino. No queremos que se repita lo que vivimos ni que nuestra lucha se olvide. Esta lucha aún no ha terminado”.

Ana Lucía Ramazzini
mayo 29, 2017

Estas son las palabras de las Abuelas de Sepur Zarco al recordar la sentencia condenatoria en el año 2016 contra dos militares, frente a la violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual que vivieron durante el conflicto armado interno. Sus palabras reflejan una de las tantas acciones colectivas de las mujeres.

Como plantea el INDH 2015/2016, las profundas desigualdades siguen presentes en las raíces de nuestro país. Y en el caso de las mujeres, este informe lo evidencia claramente.  Por ejemplo:

  • Únicamente el 20% de las mujeres es considerada «jefe de hogar» y se asume como tal sólo cuando no hay hombre que reportar como jefe.
  • Las mujeres se emplean de manera más precaria debido a que sus ocupaciones usualmente son consideradas como «ayuda», y por lo mismo sus responsabilidades como «amas de casa» no disminuyen.
  • En 2011, las mujeres cónyuges trabajaban cuatro veces más que los hombres en las labores domésticas, sin importar si tenían otra ocupación remunerada.
  • Las mujeres jefas de hogar –regularmente solas– reportaban tres veces más horas de trabajo doméstico que los hombres jefes de hogar.
  • Cuatro de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas.

Estos datos muestran que en el ámbito privado, donde “naturalmente” se relega a las mujeres, sigue prevaleciendo la idea del hombre “jefe de familia”, aunque en realidad no esté presente, así como la asignación para las mujeres de tareas del hogar y cuidado poco reconocidas y no remuneradas; todo en un marco que no está libre de riesgos en términos de violencia.

En el caso del ámbito público, las mujeres siguen enfrentando restricciones para la participación social y política y el trabajo remunerado, como lo plantean estos datos:

  • El 90% de los jornaleros agrí­colas gana un salario mensual por debajo del salario mínimo establecido, siendo menor el salario devengado por las mujeres, a quienes tampoco se les reconoce el trabajo realizado en la preparación de alimentos y de cuidado de quienes constituyen la fuerza de tra­bajo de las plantaciones cañeras.[1]
  • Las compras de tie­rras a propietarias mujeres siempre han sido a precios menores que la compra realizada a propietarios hombres.[2]

Estas cuestiones no pueden ser comprendidas sin situar la reflexión desde las relaciones de poder que se han construido históricamente y que han conformado una estructura que se cimenta sobre la imbricación patriarcado-racismo-neoliberalismo-heteronormatividad.

Frente a este escenario, es de resaltar que las mujeres hemos jugado un rol activo, contrario a la pasividad que se nos asigna, traducido en acciones colectivas de lucha y resistencia, buscando la transformación de las condiciones de desigualdad, desde distintos espacios: en defensa de los territorios, en la exigencia de justicia y por la memoria histórica, en las demandas sobre la autonomía de nuestros cuerpos así como los derechos sexuales y reproductivos, e incluso en derechos básicos como la educación, salud o un empleo digno; en la interlocución con autoridades locales y nacionales para situar una agenda basada en los derechos y la ciudadanía, y en la reivindicación del derecho a una vida sin violencia.

Estas acciones colectivas, muchas veces son reprimidas y criminalizadas, como lo argumenta el INDH desde la mirada de quienes las conceptualizan como parte de la “conflictividad social”, queriendo posicionar en el imaginario la idea de hechos aislados vinculados a la “ingobernabilidad” para justificar reacciones violentas; e invisibililizando las protestas sociales que conforman un articulado de luchas históricas en medio de desigualdades, que han afectado particularmente a las mujeres y niñas mayas, xinkas, garífunas, afrodescendientes, mestizas y ladinas del área rural, empobrecidas. Por ejemplo, una de cada cuatro personas encuestadas se ha sentido discrimi­nada, siendo más frecuentemente reportado dentro la población indígena (29.2%) y las mujeres (27.7%).[3]

Como bien se menciona en el INDH 2015/2016, el ejercicio de la agencia colectiva de las mujeres puede generar réditos como el empoderamiento, la transgresión, las alianzas; pero también genera amenazas, rechazos, violencias, rupturas y en muchos casos, la muerte: Para el año 2014 el porcentaje de mujeres agredidas entre de­fensoras de derechos humanos era del 52%, en contraste con el periodo 2000-2014 cuan­do las víctimas mujeres alcanzaban el 30%.[4]

Es fundamental resaltar que esas acciones colectivas de las mujeres no operan en el vacío, se desarrollan en un contexto atravesado por poderes, que también se inscriben en los cuerpos de las mujeres; cuerpos como construcciones históricas y primeros territorios.  Por esa razón, la reacción frente a éstas, se marca agresivamente en sus cuerpos, como lo vivido por las mujeres de Sepur Zarco en 1982, así como el desalojo de 11 mujeres maya q’eqchi’ que fueron violadas, presuntamente por agentes de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (subsidiaria de HudBay)[5], en el año 2009.

Las mujeres, aún en condiciones de opresión y exclusión, se vienen organizando e impulsando acciones políticas para denunciar esa situación, plantear agendas, manifestarse y accionar desde muchos espacios y de diversas formas. Para muchas el gran reto es la construcción de una ruta sustantiva de la democracia,  que contenga en sí misma la vivencia de una ciudadanía plena para las mujeres. Esto implica la reconfiguración de poderes, sin lo cual el desarrollo humano es imposible.

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Fotografía: Mujeres trabajadoras en mercados protestan contra el alza de precios en la canasta básica de alimentos y el aumento de impuestos en la ciudad de Guatemala. Archivo INDH

[1] INDH 2015/2016, 200.

[2] INDH 2015/2016, 197.

[3] INDH 2015/2016, 170.

[4] INDH 2015/2016, 146

[5] INDH 2015/2016, 226.