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Violencias en el posconflicto

Los datos del INDH 2015/2016 demuestran que la transición democrática no marcó un final al uso de violencia como represalia a la oposición de comunidades frente a la expropiación y explotación de sus territorios.

Cada 13 de marzo, sobrevivientes de la aldea Río Negro, Baja Verapaz, realizan un peregrinaje hacia el cerro Pocoxom para conmemorar la muerte de 107 niños y 70 mujeres de la comunidad, a manos de miembros del ejército de Guatemala y patrulleros de la aldea Xococ en 1982, durante el gobierno del general Romeo Lucas García.[i] Algunos realizan la travesía a pie, otros lo hacen en bus o lancha. Quienes llegan en lancha deben detenerse en la garita de la represa Chixoy, donde piden permiso para transitar por el territorio que les pertenecía. Como recoge el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, a finales de la década de 1970, el Estado “perjudicó” a 11,933 pobladores de la región para construir la represa Chixoy.[ii]  Aunque, “perjudicar” es un verbo pusilánime para describir el genocidio ejecutado contra el Pueblo Achi.[iii]

La construcción del proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica se ejecutó sobre la sangre, el sufrimiento y desplazamiento de cientos de mujeres, hombres, ancianos y niños, en su mayoría Achi, quienes se rehusaban a abandonar sus tierras, a cambio de míseros reemplazos en lugares con tierra de mala calidad y con menores extensiones de las que poseían, donde sería imposible reproducir el entorno en el que habitaban con sus animales y siembras. [iv] La inundación de la cuenca del río Chixoy también destruyó sitios arqueológicos, borrando parte de la historia Achi.[v]

Los datos del INDH 2015/2016 demuestran que la transición democrática no marcó un final al uso de violencia como represalia a la oposición de comunidades frente a la expropiación y explotación de sus territorios. Los capítulos 8 y 9 señalan que el tipo de modelo de desarrollo que se impulsa en Guatemala es impuesto de manera unilateral y continúa necesitando del uso de las fuerzas de seguridad del Estado y de ejércitos privados para desestructurar la organización comunitaria y detener protestas o demandas jurídicas.

El informe detalla cómo en el presente, más de mil  comunidades, en su mayoría indígenas, que se oponen a proyectos de “desarrollo” –basados en la explotación y expropiación de sus tierras y el uso desmedido de los recursos no renovables de comunidades- son criminalizadas y la vida de sus miembros continúa siendo violentada por el Ejército y la Policía Nacional Civil.[vi] Es así que, de 1997 a 2013, el despliegue represivo, como único recurso del Estado ante expresiones de demanda ciudadana ha aumentado en un 2.4 por ciento.[vii]

Igual de preocupantes son los datos de UDEFEGUA, que señalan que del año 2000 al 2014, se contabilizan 173 defensores de derechos humanos asesinados.[viii]  En el 2000 se reportaron 59 agresiones a defensores de derechos humanos y esta cifra se elevó a 813 en el año 2014.[ix] El informe expresa que “la criminalización de la protesta social se traduce en un abordaje represivo de las movilizaciones sociales, campañas psicológicas de difamación en contra de líderes comunitarios, implementación de estados de prevención o de sitio y aplicación de la ley penal mediante captura contra dirigentes y allanamientos de sus hogares.”[x] Estas acciones y cifras no deberían de responder a la etapa actual de democracia y posconflicto.

A la violencia física y psicológica atada a los proyectos de desarrollo impulsados en Guatemala debe agregarse la violencia estructural, que niega servicios básicos y mantiene a poblaciones urbanas y rurales en pobreza y pobreza extrema. El informe señala que, en el departamento de Alta Verapaz, en el que reside la mayoría del Pueblo Q’eqchi’, es donde más hidroeléctricas han sido construidas pero donde menor cobertura eléctrica existe. El 66 por ciento de los habitantes no cuenta con conexión a una red eléctrica en su vivienda.[xi] Ese departamento también subsiste con un 53.6 por ciento de pobreza extrema.[xii] La tabla 8.5 demuestra que, a pesar de las campañas mediáticas y promesas de trabajo, entre 2002 al 2014, la industria extractiva y las hidroeléctricas, son las que menos han aportado al PIB.

El informe, es claro en señalar que históricamente, en Guatemala, se ha mantenido un Estado débil y despótico. Añade que en el presente se sobrevive en una “cultura autoritaria [que] permite formas de participación democráticas, en tanto no alteren el programa de crecimiento impulsado por las elites” y por consiguiente, ese crecimiento no se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida de la población.[xiii]

Esta historia documentada en el reciente informe será difícil de transformar si no se construyen procesos autonómicos alejados de las elites y el ejército, sectores que continúan ejerciendo poder político y construyendo instituciones para su beneficio particular.[xiv]  Finalmente, queda claro que cualquier propuesta de desarrollo humano, social y económico no puede permitir que el terror sea usado como medio para impulsarlo.

 

 

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EL BLOG DE DESARROLLO HUMANO es una plataforma de debate y discusión. La Oficina del INDH publica reflexiones que apoyan un diálogo constructivo sobre las opciones políticas  que permitan avanzar en el desarrollo humano de todos y todas, sin que nadie se quede atrás. El contenido de los blogs refleja las opiniones de los respectivos autores y no necesariamente la posición oficial del PNUD.

 

[i] Río Negro fue una de las comunidades más afectadas por la violencia de Estado y uno de los bastiones de la resistencia contra la construcción de la represa. Allí se cometieron cinco masacres. La primera el 4 de marzo de 1980, la segunda el 13 de febrero de 1982, la tercera y una de las más brutales el 13 de marzo de 1982, la cuarta el 14 de mayo de 1982 y la última el 14 de septiembre del mismo año.

[ii] Ver recuadro 9.1

[iii] El informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico determinó que el pueblo Achi fue uno de los que enfrentó genocidio durante el conflicto armado.

[iv] Parte del financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica fue proporcionado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las cifras iniciales del préstamo eran de 72 millones del Banco Mundial y 105 del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, las cifras se incrementaron con el avance del proyecto y Guatemala resultó asumiendo una deuda por la construcción de Chixoy de más de $400 millones.

[v] El embalse de la cuenca del río Chixoy inundó decenas de sitios arqueológicos incluidos Rax Ch’ich’, Pueblo Viejo, El Jocote, Kawinal y Chicruz.

[vi] Ver sección 5.2.3 del informe, así como el capítulo 8 y 9 que detallan disputas sobre proyectos mineros y de energía eléctrica.

[vii] Gráfica 6.5.

[viii] INDH, 100.

[ix] INDH, 147.

[x]  INDH, 256.

[xi] Gráfica 9.4

[xii] Ver cuadro y graficas 9.1.

[xiii] INDH, 84.

[xiv] El caso de “La Línea” es uno de los mejores ejemplos de cómo militares han usado el Estado para beneficio propio. De igual manera, casos revelados por la CICIG incluyen involucramiento de las elites en el saqueo y corrupción del Estado.