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Una iniciativa urgente: Ley de Desarrollo Rural Integral

En Guatemala, el 60% de la población rural depende de actividades agropecuarias para su subsistencia, y 7 de cada 10 personas, viven en condiciones de pobreza.

Sin embargo, ni la población rural ni el desarrollo rural integral parecieran ser una prioridad nacional. Un ejemplo de ello es el accidentado camino de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la que se encuentra -de nuevo- en la agenda legislativa, 14 años después de haber iniciado la discusión para su formulación, con riesgo de quedarse “empantanada” otra vez.

En el período posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz, las organizaciones indígenas y campesinas se involucraron en procesos de discusión con instancias de gobierno acerca de las políticas agrarias y de desarrollo rural necesarias para vivir más dignamente. En 2002 surgieron instancias de diálogo impulsadas por el gobierno como: la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo Rural (MIDDR), la Mesa de Diálogo y Participación sobre el Desarrollo Rural (2004-2006), el Diálogo Nacional Agrario Intersectorial (2005-2006), y el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (2008-2012) en cuyo marco se impulsó el Proceso de Diálogo por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria y Ambiental (Sagastume, 2015). La ausencia del sector empresarial, sin embargo, ha dificultado alcanzar consensos. Por otro lado, producto de la MIDDR, y tras un largo proceso participativo de–aproximadamente 30 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, cooperativistas, pastorales, instituciones académicas yONGs-, que abarca tres administraciones gubernamentales, se aprobó en el año 2009, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), formalizado por Acuerdo Gubernativo 196-2009.

Dicha política define como “sujeto priorizado a la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema, con prioridad en los pueblos indígenas y campesinos con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales, micro y pequeños empresarios rurales” (PNDRI, 2009:14). Así también, plantea la responsabilidad del Estado de impulsar el desarrollo rural integral de manera multi e intersectorial, a partir de las condiciones concretas de las distintas realidades territoriales existentes en el país. A pesar de haber sido aprobada en 2009, las primeras acciones para implementarla se inician hasta 2012, año en el que el sector empresarial impone un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, lo que dejó en suspenso las acciones iniciadas. Ese año se inician también los cabildeos para la aprobación de la iniciativa de ley 4084: Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, la que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, emitido el 30 de septiembre de 2009.  Fue hasta finales de enero de 2013 que la Corte de Constitucionalidad resolvió que no existía inconstitucionalidad, dejando firme la política y el Acuerdo Gubernativo que la creó.

Diversas organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, han emprendido acciones colectivas para exigir la aprobación de la Iniciativa de Ley 4084, agotando todas las vías -siempre pacíficas y legales- para hacerse escuchar durante años. Un ejemplo de ellas, la Marcha Indígena, Campesina y Popular por la defensa de la Madre Tierra en 2012, tuvo la participación de más de quince mil personas, quienes caminaron más de 200 kilómetros. para hacer visibles y audibles sus demandas. Muchas otras movilizaciones se han sucedido, exigiendo la aprobación de una Ley 4084 que privilegie la vida digna, que empiece a resolver lentamente –y probablemente de forma parcial- la urgente problemática estructural que aqueja desde hace siglos a la población rural guatemalteca y que atenta contra el fundamental derecho a la vida de miles de guatemaltecas/os que han sido históricamente relegados a una ciudadanía de segunda clase.

Es urgente privilegiar el bien común, también lo es el que las y los diputados actúen con transparencia y respondan a las demandas que por años han estado allí, sin distinción de clase, grupo étnico, ni ubicación espacial.