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Pueblos indígenas y contiendas por el territorio

La mayoría de los políticos e intelectuales guatemaltecos no dudó en describir al «indio» como «el problema» que impedía a la naciente república evolucionar hacia «el estadio de las naciones civilizadas».

En la Guatemala de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, la expansión de la economía capitalista y la formación del Estado implicaron procesos vertiginosos –cuando no violentos– de (re)organización, apropiación y privatización de los territorios de los pueblos indígenas. Durante ese período los rasgos distintivos del modelo de modernización dominante fueron resultado de un proceso de hibridación entre un pasado colonial inmediato y las ideas sobre «la modernidad», «el progreso» y «la raza» que sostenían las élites guatemaltecas y aquellas de origen extranjero que llegaron al país gracias a las políticas de inmigración promovidas por los gobiernos republicanos. En ese entonces, las viejas desigualdades y diferencias socio-raciales de tipo colonial se potenciaron con discursos supremacistas, pero, sobre todo, con la creciente presión que provocaba el impulso de la economía de plantación a gran escala sobre los territorios y el trabajo indígena.

Desde la perspectiva de las élites decimonónicas la modernización y progreso de la nación dependían de la llegada del capital, tecnología e inmigrantes extranjeros, principalmente de inversionistas privados, representantes de las transnacionales del café y trabajadores europeos que hicieran producir las tierras ociosas en posesión de los pueblos indígenas. En un período de incremento acelerado en la demanda de café a escala mundial, la prioridad de las élites liberales fue «modernizar» el régimen de propiedad de la tierra para legalizar los procesos de despojo y privatización de las tierras comunales-ejidales indígenas; reparar y/o construir la red de caminos que comunicaban las ciudades importantes de los Altos con la Costa Pacífica; reglamentar formas de movilización de trabajadores indígenas (forzados o precariamente remunerados); capitalizar el naciente Estado y financiar la formación de las fuerzas armadas que se ocuparían de la «pacificación» del agro y de frenar la resistencia indígena ante las nuevas políticas de reorganización territorial y trabajo forzoso. Según registros consultados por Jim Handy (1984) en sólo unas cuantas décadas las políticas de privatización de la tierra concentraron el 72% de la tierra laborable en las manos de los terratenientes, un dos por ciento de los productores, y encauzaron los ritmos de la vida de los pueblos indígenas hacia un ciclo de migración estacional forzada desde el altiplano hacia la boca costa y costa Sur.

Como ejemplo de ello podemos recordar cómo los pueblos indígenas, (K’iche’, Mam, entre otros) cuyos territorios se extendían verticalmente desde las tierras altas de montaña hasta las tierras bajas del litoral Pacífico, fueron expropiados de una buena parte de sus ejidos y tierras comunales, para convertirlas en plantaciones de café o «fincas de mozos», propiedad de empresas cafeteras que operaban en Guatemala y/o desde alguna ciudad comercial influyente, como lo eran Hamburgo, Bremen y más tarde New Orleans o New York.

Mientras que, en la Alta Verapaz, para 1900, el café había invadido literalmente a las comunidades Q’eqchi’ y obrado los efectos de una droga en toda la región, no tanto por destruir el mundo anterior a su llegada, sino por distorsionar los rasgos que lo definían –tierra, trabajo y formas de vida– a fin de satisfacer las necesidades de una nueva economía exportadora (Grandin, 2007:37). Al examinar los expedientes de tierras de las haciendas de los alemanes en las Verapaces se observa que éstas no sólo conservaron los nombres indígenas sino se edificaron sobre los cimientos de comunidades Q’eqchi’[1] que fueron despojadas de sus tierras e incorporadas como el activo más preciado dentro de las nuevas plantaciones.

Frente a los prolongados procesos de reclamo legal, protestas y/o rebeliones que protagonizaron los pueblos indígenas para revertir aquellas políticas y disposiciones, los nuevos oligarcas desarrollaron un discurso racial más virulento organizado alrededor del «problema del indio». De este modo, buscaban legitimar su incursión en los territorios indígenas, la aplicación de variadas formas de trabajo forzoso y la instauración de regímenes autoritarios. La mayoría de los políticos e intelectuales guatemaltecos no dudó en describir al «indio» como «el problema» que impedía a la naciente república evolucionar hacia «el estadio de las naciones civilizadas». En el discurso sobre «el problema del indio» las diferentes doctrinas raciales se mezclan, a medida que las élites oligarcas necesitaban legitimar las profundas desigualdades que estaban produciendo sus políticas de reordenamiento territorial y social.

En aquel entonces, el eje de la conflictividad social y las tensiones interétnicas residió en el hecho que buena parte de los territorios y recursos requeridos para el impulso del modelo de modernización económica eran propiedad de los pueblos indígenas. Sin estos recursos el modelo hubiera fracasado. Esto último explica por qué las metáforas orgánicas que dieron sentido al discurso del «problema del indio» llevaban implícitas no sólo la construcción de un otro (no civilizado, «levantisco» y violento), sino la posibilidad de ejercer sobre éste distintas formas de dominación y violencia.

Hoy en día, podemos constatar cómo la escasez de tierras para la economía campesina y/o indígena en las Verapaces, la boca costa y costa sur se ha ido recrudeciendo con el tiempo, pues dichos territorios han sido escenario de megaplantaciones no solo de café, sino de banano, algodón, caña de azúcar y palma aceitera, lo que ha cerrado casi toda posibilidad de acceso a la tierra por la vía que sea, en las tierras de mayor vocación agrícola del país[2].

Paradójicamente, si comparáramos los argumentos de los nuevos empresarios y los funcionarios del Estado interesados en el fomento de la producción de palma aceitera y las industrias extractivas, con los argumentos de los empresarios y hacendados decimonónicos observamos que éstos continúan guardando amplias similitudes: la «disponibilidad» de recursos naturales, la existencia de grandes extensiones de tierra «sub-utilizada» por los pueblos indígenas, la ignorancia de éstos para entender los beneficios de la modernización de la economía y/o «la oportunidad de empleo» que ofertan las nuevas empresas, en un contexto de desempleo.

Dadas las analogías que guardan estos procesos, el reconstruir el significado profundo que tuvo para los pueblos indígenas la expansión de la economía de plantación en sus territorios afines del siglo XIX y las postrimerías del XX, puede ser de gran utilidad para comprender la creciente conflictividad social que observamos ahora, pero, sobre todo, puede ayudarnos a cuestionar los riesgos implícitos en un concepto de desarrollo económico que olvida la historia de los pueblos y profundiza la desigualdad social.

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[1] (Seritquiché, Sillap, Tzalamila, Chicam, Campur, Chinamá, Chirriquín, Chirrixquiché, Cubilgüitz, Chicayo, Chajcar, Olpán, Chiachal, Secac, Seacté, Chulac, Mayaguá, Chimaljá, Chuibut, Saomax, Semox, Secux, etc.)

[2]Ver el Capítulo 7: La Tierra y el derecho a la alimentación del INDH 2015/2016, PNUD (2016).