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desarrollo humano

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Paradojas de la ciudadanía laboral en tiempos de paz

El debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia

Leslie Lemus
junio 6, 2017

El mercado laboral ha sido por excelencia un mecanismo de inclusión social y redistribución de la riqueza. Además del salario, a través de este ámbito ha sido posible acceder a una gama de derechos –contratos, prestaciones, seguridad social, seguridad en el puesto trabajo, organización sindical-. Ciertamente en la historia de Guatemala esta forma de ciudadanización ha tenido alcances limitados pues la mayor parte de la fuerza de trabajo ha quedado excluida de la institucionalidad que la garantiza.

Más grave es el hecho de que en las últimas décadas la ciudadanía laboral ha enfrentado una paradoja. Por un lado, a partir de la transición a la democracia y la firma de la paz, en el país fueron restituidos una serie de derechos políticos -incluyendo el de libre sindicalización-. Por otra parte, estos procesos fueron acompañados por una serie de reformas económicas y estatales que se tradujeron en el deterioro de condiciones laborales. Por ejemplo, al contrastar datos del año 2002 y 2016 se percibe el incremento de la proporción de Población Económicamente Activa Ocupada y Asalariada en situación de desventaja y experimentando el incumplimiento de sus derechos laborales.

Es decir, en casi tres lustros los espacios que otrora permitieron la inclusión se han reducido y en consecuencia el acceso a la ciudadanía laboral se ha restringido aún más que en el pasado, cuestión que refuerza las estructuras históricas de desigualdad.

Este escenario se produce a partir de un conjunto de factores y la intervención de múltiples actores que han generado un contexto desfavorable. En ese marco encontramos una institucionalidad de protección laboral debilitada por prácticas clientelares y de corrupción que impide al Estado asumir el rol tutelar de los derechos de los(as) trabajadores(as) -inspectorías laborales inoperantes, evasión en el pago de contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por ejemplo-.

Asimismo, las actividades económicas que han sido impulsadas con mayor entusiasmo han conllevado flexibilización productiva y laboral de facto. En muchos casos estas se han amparado bajo regímenes de excepción que les han otorgado exoneraciones fiscales y la omisión en la observancia del cumplimiento de la legislación laboral vigente -Código de Trabajo-.

Otro factor relevante en la construcción de este escenario es el deterioro del sindicalismo como expresión colectiva de la voz de los(as) trabajadores(as). Este tipo de organizaciones experimentan su desarticulación, así como los efectos y continuidad de la violencia política en su contra . Ciertamente, en muchos casos, las prácticas y dirigencias vigentes carecen de legitimidad, cuestión que se traduce en el desprestigio de esta actividad organizativa. Todas estas cuestiones se patentan en la poca participación social, de tal cuenta que la tasa de sindicalización en Guatemala es menor al 3% entre la población asalariada -una de las más bajas del continente-.

Sumado a los elementos antes citados, es también necesario considerar ciertas características de la población trabajadora que les colocan en posición de desventaja para negociar sus condiciones laborales. Así, los nulos o mínimos niveles de escolaridad alcanzados por la mayoría, condicionan el tipo de empleos a los que pueden acceder, viéndose confinados a insertarse en actividades de subsistencia y baja productividad. Los obstáculos en el acceso a la educación y formación también limitan el conocimiento que las personas tienen de sus derechos.

En conclusión, el debilitamiento de los derechos laborales compromete el desarrollo humano y la democracia, en tanto afecta de manera directa las condiciones de vida y subordina a amplios sectores de la población, impidiendo con ello su plena inclusión y participación.

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